En la zona insular de Cartagena, la conservación de los ecosistemas marinos avanza gracias a una campaña educativa que busca transformar la relación entre turismo y naturaleza. La iniciativa es liderada por el proyecto Ecosistemas del Dique, en alianza con la Corporación Barú Arte Natural y con el respaldo de la Fundación Sacyr. El objetivo principal de esta campaña es reducir el impacto ambiental en los arrecifes coralinos de Barú y Playa Blanca, promoviendo prácticas responsables entre visitantes, promotores turísticos y la comunidad local. Durante las jornadas pedagógicas, se orienta a los participantes sobre la importancia de no tocar ni extraer corales, evitar el uso de bloqueadores contaminantes, no arrojar residuos al mar y abstenerse de realizar prácticas de pesca destructiva. Las actividades incluyen charlas educativas dirigidas a turistas, estudiantes y habitantes de la zona, que buscan fortalecer la conciencia ambiental y fomentar el sentido de apropiación del territorio por parte de las comunidades locales. Uno de los avances más destacados ha sido el compromiso de 13 familias de la Corporación Barú Arte Natural, quienes ahora replican activamente el mensaje de conservación e integran estas buenas prácticas en sus actividades turísticas. Además de proteger los corales, esta estrategia impulsa el turismo comunitario como una fuente sostenible de ingresos para la población local. Esta acción forma parte de los esfuerzos regionales por preservar el patrimonio natural marino, fomentar la cultura local y posicionar a Barú como un destino turístico comprometido con el medio ambiente.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.