En el marco de Agroexpo 2025, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) y la Fuerza Pública realizaron un emotivo homenaje a cinco integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que fueron víctimas del terrorismo y del conflicto armado interno. El evento, realizado en el Pabellón 4 del recinto ferial, fue una muestra de respeto, gratitud y compromiso con quienes han dado su vida o han sufrido heridas físicas y emocionales por defender al país. Durante la ceremonia, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, anunció que los uniformados homenajeados y los familiares de los caídos recibirán una vaca preñada del programa solidario “Una Vaca por la Paz”, liderado por FUNDAGÁN, como símbolo de apoyo y reconstrucción de vida. Este gesto representa un acto de reparación simbólica desde el sector ganadero hacia quienes han sido protectores de la libertad y la seguridad nacional. El homenaje contó con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, altos mandos militares y policiales, así como familiares de las víctimas. La Banda Sinfónica de la Policía Nacional acompañó el acto con un emotivo concierto. “Nos duele cada vida que se pierde, pero nos honra ver que el país reconoce a sus héroes”, afirmó el ministro. Por su parte, Lafaurie reafirmó que sin la Fuerza Pública, los ganaderos y el país “tendrían poco que hacer”, reconociendo el sacrificio que aún hoy persiste en las regiones más afectadas por la violencia.

La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.