En una operación técnica realizada en la zona rural de Hatillo de Loba, Bolívar, Afinia, filial del Grupo EPM, detectó seis transformadores ilegales y más de 1,2 kilómetros de redes clandestinas usadas para alimentar minas de oro. Estas conexiones fraudulentas generaban pérdidas mensuales superiores a 76 millones de pesos, equivalentes al consumo promedio de 700 hogares. Los transformadores, de diferentes capacidades (112,5 kVA, 75 kVA y 45 kVA), no estaban registrados en la empresa y eran destinados exclusivamente a la actividad minera. Durante la inspección también se identificó una mina conectada por baja tensión, con planes de instalar un nuevo transformador ilegal. Afinia advirtió que este tipo de conexiones, además de representar un delito, ponen en riesgo la vida de quienes manipulan las redes y afectan la calidad del servicio para los usuarios legales. La empresa reiteró su llamado a la comunidad a denunciar el fraude energético a través de la línea 115, la Afiniapp, la Línea Ética 0180005222955 o la Policía Nacional (123).

En una medida preventiva y disciplinaria, el personero municipal de Turbaco, Iván Roca Álvarez, ordenó la suspensión provisional por tres meses del Inspector Cuarto de Policía, Alexander Polo Calle, por presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. La Personería identificó posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares. Estas acciones contravienen los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia que deben regir la función pública. El proceso disciplinario se abrió formalmente el pasado 15 de julio. La suspensión busca garantizar el desarrollo independiente de la investigación y prevenir cualquier intento de obstrucción o interferencia. El inspector Polo Calle fue notificado y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos durante la etapa procesal. El Ministerio Público continuará con la recolección de pruebas durante el período de suspensión, al cabo del cual se determinarán las responsabilidades a que haya lugar. Este caso subraya la necesidad de que los servidores públicos actúen conforme a la ley, especialmente en decisiones que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles, y refuerza el control institucional sobre el uso legítimo de los amparos policivos.