Una sala de la Corte Suprema de Perú anuló este miércoles el indulto humanitario realizado en diciembre pasado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori debido a «razones humanitarias». La Corte Suprema, ordenó su captura para ser ingresado en una prisión.
Fujimori deberá cumplir la totalidad de su sentencia de 25 años, hasta 2032, por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, como las matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992.
En ese sentido, la presidencia de Perú difundió un comunicado en el que explicaba que Kuczynski había otorgado la gracia presidencial a Fujimori tras conocer la evaluación de una junta médica que aconsejara su puesta en libertad por sufrir «una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable».
Precisamente el pedido de anulación del indulto fue apoyado por los familiares de las víctimas de esas dos matanzas.
En contraste, la Justicia peruana dijo ahora que la resolución de PPK carecía de efectos jurídicos y también ordenó la búsqueda y captura del expresidente peruano para que ingrese en prisión.
De hecho, sin haber completado dos años en el poder, Kuczynski renunció a su cargo en marzo de 2018 por un escándalo de compra de votos.
Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. 2/2 https://t.co/ZwOofNENwW
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) October 3, 2018
Críticas
Muchos medios en Perú especularon con que PPK había concedido el perdón a cambio de recibir los votos de Kenji Fujimori -hijo del expresidente- y otros diputados para superar un proceso de destitución que se enfrentaba en el Congreso.
Finalmente, unos videos que mostraban supuestamente el intento de compra de esos votos precipitaron en marzo de este año la renuncia de PPK, cuya imagen estaba seriamente dañada por el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Este miércoles Miguel Pérez Arroyo, abogado de Fujimori, señaló a medios peruanos que la decisión de mandar a su representado de vuelta a la cárcel era política e ilegal y que apelarían.
Keiko Fujimori, hija del expresidente y líder de Fuerza Popular, opinó que se trataba de una «persecución y ensañamiento de sus enemigos políticos».
Sin embargo, Gloria Cano, abogada de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, dijo que la anulación del indulto «acaba con la impunidad», según declaraciones recogidas por el diario El Comercio.
//Alexandra Santos
