En Cartagena, mas específicamente en los años 70, cuando el desarrollo urbano aún convivía con tradiciones y costumbres locales, los buses de la desaparecida ruta de Torices marcaron una época inolvidable en el transporte público. Estos vehículos, fabricados en los años 60, eran Chevrolet modelo 1963, y representaban una de las formas más comunes y económicas de moverse por la ciudad, con su diseño peculiar, estos buses carecían de ventanas de vidrio, y en su lugar, llevaban cortinas de lona gruesa, similares a las de los camiones, que se sujetaban con presillas de cuero. Estas cortinas podían subirse o bajarse según la necesidad, ofreciendo protección contra el sol abrasador o las lluvias ocasionales, sin embargo, el viento a menudo las levantaba, y con él, pequeños rocíos de agua o polvo impactaban en los pasajeros, dando origen al apodo «buses pringa cara». A pesar de sus limitaciones, como frenos de líquido y un motor que funcionaba exclusivamente con gasolina, estos vehículos fueron un símbolo de accesibilidad, ya que el costo del pasaje era menor en comparación con los modernos buses que comenzaron a aparecer con ventanillas de vidrio, por ello, los «buses pringa cara» se convirtieron en una opción popular entre los habitantes de Torices y otras zonas de Cartagena.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.