Por Carlos Espinosa Osorio Revisar nuevamente el Decreto 463 de 2016 del gobierno de Juan Manuel Santos, que reglamentaba la renta exenta de servicios hoteleros prestados en hoteles construidos entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, podría ser una alternativa efectiva para potenciar el turismo y reactivar la economía en Colombia. Este decreto, que generó una gran dinámica en la construcción de hoteles con centros comerciales, tendría múltiples beneficios para el país. Primero, impulsaría el sector de la construcción, aumentando la demanda de materiales de construcción y la creación de nuevas habitaciones hoteleras. Además, la construcción de hoteles cinco estrellas y resorts contribuiría a elevar la calidad del turismo en Colombia. La generación de empleos directos e indirectos sería otro resultado positivo de esta medida, ya que se requeriría mano de obra en diferentes áreas, desde la construcción hasta los servicios hoteleros. Sumado, el aumento de la oferta hotelera atraería a turistas con un mayor poder adquisitivo, lo que impactaría positivamente en la economía local y nacional. Además, esta iniciativa situaría a Colombia en el radar a nivel mundial como un destino turístico destacado en Centroamérica. La inversión en infraestructura hotelera de calidad y la promoción del país como un lugar atractivo para visitar podrían aumentar significativamente el flujo de turistas internacionales. Durante la vigencia del decreto, se habló de construcciones por más de 3 billones de pesos, lo que demostró el potencial económico que esta medida pudo desencadenar. La renta exenta también beneficiaba a las construcciones hoteleras que tuvieron un avance de más del 61%, lo que evidenció el éxito y la relevancia de esta política para el desarrollo del sector turístico en Colombia. En conclusión, revisar y retomar el Decreto 463 de 2016 sería una estrategia clave para impulsar la construcción, el turismo, fortalecer la economía y posicionar a Colombia como un destino turístico de primer nivel en la región.

Los estados miembros de la ONU en conjunto con ONGs, diseñaron propuestas para desarrollar 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), los cuales se crearon como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, teniendo como enfoque principal fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La resolución 2250 (2015) sobre Juventud, Paz y Seguridad de las Naciones Unidas y las posteriores a ella 2419 (2018) y 2535 (2020), representa un inmediato reconocimiento del papel que tienen los jóvenes como constructores de paz y su inclusión en los procesos para la prevención y resolución de conflictos. Desde una perspectiva más amplia, la participación significativa de los jóvenes puede mejorar la pertinencia, sostenibilidad y el impacto de los procesos. Es decir, se necesita promover aún más, la inclusión, la creación de espacios seguros y accesibles, la identificación, el impulso de líderes y la toma de decisiones. Para que la participación de los jóvenes sea reveladora, se requiere de manera urgente un grado adecuado de interacción y reparto del poder. Por consiguiente, es necesario, garantizar que las voces de los jóvenes sean escuchadas y permitirles influir en las decisiones que se adopten, teniendo en cuenta la diversidad de perspectivas y experiencias de cada uno de los jóvenes. Según la comisión económica para América latina y del caribe, hay alrededor de 1.200 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años, que representan cerca del 16% de la población mundial. La mayoría pertenecen a un grupo poblacional que ha sido desproporcionalmente afectados dentro del marco del conflicto armado. De manera similar, enfrentan dificultades para acceder a la educación superior y al mundo laboral, lo cual en unidad crea una vulnerabilidad particular de esta población, por lo tanto, merecen y reivindican un protagonismo en la construcción de sus futuros. Es incuestionable que las personas jóvenes pueden contribuir soluciones innovadoras y sumamente valiosas para enfrentar los grandes desafíos que plantea la Agenda 2030, por supuesto que en la medida que cuenten con las herramientas necesarias, que existan y promuevan espacios de participación y cooperación, para incorporar sus propuestas. De igual forma, el compromiso con la implementación, seguimiento y examen de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) puede tener un impacto positivo en el desarrollo integral de los jóvenes de la región y aportar a la construcción de sociedades más justas. Ineludiblemente la resolución de seguridad 2250 y las resoluciones posteriores son un paso importante hacia la inclusión representativa y activa de los jóvenes en los procesos de fortalecimiento de la paz y deben ser realizadas de manera efectiva para lograr una paz duradera y sostenible. Por: Jullianne Maturana Ortega – Abogada.