Con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural y mejorar la seguridad alimentaria, más de 100 familias campesinas del municipio de Calamar, Bolívar, fueron beneficiadas con la entrega de motobombas para riego y diversos insumos agrícolas, en el marco de una estrategia integral liderada por Ecosistemas del Dique. Estas familias, integrantes de la Asociación de Campesinos y Pequeños Ganaderos, cultivan desde hace más de 20 años productos como legumbres, frutas tropicales, hortalizas y verduras. El equipo social del concesionario realizó un diagnóstico técnico previo que permitió diseñar un plan de intervención adaptado a las necesidades reales de sus cultivos, que abarcan más de 50 hectáreas productivas. Además de los insumos, se implementará una ruta de formación técnica y empresarial gracias al apoyo del SENA Bolívar y su programa CampeSENA, orientado a fortalecer las capacidades de los agricultores en buenas prácticas, sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos. Esta iniciativa representa un paso clave para dinamizar la economía rural y respaldar a quienes hacen del campo su proyecto de vida.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, pidió al Gobierno nacional que el proyecto del Canal del Dique sea tema central en la COP16, actualmente en desarrollo en Cali. Para Cepeda, los retrasos en el licenciamiento ambiental han impedido el inicio de la construcción, que ahora se prevé para 2027, dos años después de lo programado. Cepeda resaltó la contradicción de exigir una licencia ambiental a una obra que busca precisamente mitigar el impacto ambiental en la región del Caribe. «La situación requiere acción urgente y coordinada, especialmente para proteger a las comunidades afectadas por inundaciones», afirmó.El líder gremial subrayó que la COP16 ofrece un espacio oportuno para abordar este proyecto crucial para el Atlántico. “Este foro es ideal para dar celeridad a un proyecto que impacta directamente la sostenibilidad de la región”, agregó Cepeda. Los gremios reiteraron su llamado al Gobierno para agilizar el proceso de licenciamiento y priorizar el bienestar de las comunidades locales. Insistieron en que el Canal del Dique representa una infraestructura vital para la sostenibilidad del Caribe colombiano y debe ser tratado con urgencia en el marco de la COP16.