La Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció la ocupación ilegal de al menos 16 mil hectáreas destinadas a la reparación de víctimas del conflicto armado. Empresarios, políticos y narcotraficantes estarían detrás de esta red, conocida como el ‘Cartel de la Tierra’, que afecta predios en Córdoba, Bolívar, Cesar y Antioquia. Entre los nombres más sonados se encuentran Félix Gutiérrez, quien fue alcalde de Buenavista (Córdoba), y Hugues Manuel Rodríguez, alias ‘Comandante Barbie’, ambos relacionados con predios adquiridos de manera irregular. Gutiérrez, además, ha sido señalado por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como responsable de la masacre de La Mejor Esquina en 1988, mientras que Rodríguez controla predios como La América, en Cesar, que habían sido entregados al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV). Asimismo, figuran empresas como K-Supply Group SAS, que accedió a 1.841 hectáreas en Antioquia bajo contratos cuestionados, y la familia Méndez en Bolívar, vinculada a un grupo paramilitar de los Montes de María. Sin embargo, hay otros casos, mismos que incluyen predios baldíos en Meta ocupados por familiares de Víctor Carranza, así como el venezolano Charif El Hadaui Hernández, quien arrendaba predios en Antioquia pese a sus antecedentes judiciales. Por su parte, la ANT, bajo el liderazgo de Felipe Harman Ortiz, trabaja para recuperar las tierras y adjudicarlas a campesinos y víctimas. Hasta ahora, se han gestionado convenios por $700 mil millones para adquirir 53 mil hectáreas y se proyecta identificar 100 mil más en colaboración con exjefes paramilitares designados como Gestores de Paz. De esta manera, la ANT, con el apoyo de la Fiscalía, busca adelantar investigaciones penales y garantizar que estas tierras cumplan su propósito de justicia y reparación. Por lo que, el director Felipe Harman destacó: «Estas acciones son clave para desmantelar el control ilegal de los predios y devolverlos a quienes realmente los necesitan».

A pesar de su riqueza cultural y turística, la zona insular de Cartagena conformada por los corregimientos de Barú, Santa Ana y Ararca evidencian una serie de carencias en lo referente a educación, servicios públicos y oportunidades laborales. Lea también: Comunidad vía a Barú solicita arreglo de la vía Según la encuesta realizada por Cartagena Como Vamos, más del 57% de la población se reconoce en situación de pobreza. Uno de los puntos más críticos es la limitada cobertura de servicios públicos, sobre todo la situación con el agua potable y alcantarillado, en esta zona no existe acceso a acueducto ni a sistemas de alcantarillado, seguido del desempleo que es del 18.9%. Muchos residentes se dedican a trabajar en las playas del corregimiento en condiciones precarias, sin contrato laboral ni seguridad social, lo que los obliga a vivir del día a día en la informalidad. Otra de las problemáticas que se presentan es el analfabetismo, según la encuesta casi la mitad de la población no ha superado la educación secundaria y además un 25% de los niños y jóvenes no participa en actividades extraescolares ni hogares comunitarios, lo que lleva al embarazo adolescente, una de cada cuatro adolescentes entre 15 y 19 años ha tenido un hijo. Estas problemáticas se cuadruplican cada año, lo que agrava las condiciones de los habitantes de esta zona de Cartagena.