La Policía realizó un operativo en el que bloqueó un tramo de la vía al Mar en dirección Cartagena – Barranquilla luego de que miembros del grupo ‘No al Peaje Papiros’ que realizaron una manifestación exigiendo a la ANI el desmonte de la estructura ubicada a la altura de ese municipio. Tal y como indicó una de las integrantes de este grupo anti peaje, identificada como Karol Solín, la manifestación consistió en la instalación de tres carteles que animaban a transeúntes a sonar las bocinas de los autos en señal de apoyo al desmonte de la estructura ubicada sobre la vía al Mar. Posteriormente, cuerpos de la Policía habrían activado un operativo en el que bloquearon la vía que va en dirección Cartagena – Barranquilla para presuntamente retirar los carteles colgados en las casetas de recaudo. En videos que circulan a través de redes sociales, se aprecia a oficiales de la Policía forcejeando con dos integrantes del grupo manifestante para presuntamente realizar el retiro de los afiches colocados en los vidrios de las casetas.C abe resaltar que el pasado martes 3 de septiembre manifestantes realizaron un bloqueo en este para peaje exigir el desmonte de este peaje al Gobierno Nacional y a la ANI, debido a la reactivacion de los cobros en vehiculos categorías I y II. De momento se desconoce si las autoridades emitieron de forma oficial un comunicado sobre el hecho ocurrido sobre la vía.

Las organizaciones de usuarios de servicios públicos de la región Caribe hicieron un llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para evitar una posible crisis en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Afinia. En una carta enviada al mandatario, las organizaciones expresaron su preocupación por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, especialmente en lo referente al pago de la opción tarifaria y los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Según la misiva, la deuda del Gobierno Nacional con Afinia supera los 1.6 billones de pesos, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa y su capacidad de seguir prestando el servicio. Los voceros de las organizaciones resaltaron que la región Caribe enfrenta una de las tarifas más altas del país, lo que aumenta la carga económica para las familias, cuyo poder adquisitivo no crece al mismo ritmo que sus facturas. En este contexto, insisten en la urgencia de garantizar un servicio de calidad a precios justos y accesibles. “El Gobierno tenía pleno conocimiento de las dificultades para tramitar esta ley en el Congreso y no podía subordinar su compromiso a condiciones políticas. Exigimos que se adopte de inmediato un mecanismo legal que permita cumplir con el pago de la opción tarifaria”, señalaron los voceros. Por último, Instaron al Gobierno Nacional a priorizar este tema en su agenda y a tomar las medidas necesarias para evitar que los usuarios de la región Caribe se vean afectados por la falta de un servicio esencial como la energía eléctrica.