La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal y los Comandos Elite, capturaron a una persona conocida como “España”, por los delitos de concierto para delinquir, fuga de presos y tráfico de estupefacientes. La Policía de Cartagena dio a conocer que, mediante el allanamiento capturaron al sujeto quien se dedicaba al expendio de estupefacientes en el barrio el Pozón. “El capturado cuenta con detención domiciliaria en el barrio La Cruz del municipio de Turbaco, este sujeto fue integrante de la banda delincuencial denominada “Santa Clara” la cual fue desarticulada en el año 2021 y seguiría delinquiendo al servicio de la banda delincuencial La Heroica. Durante el procedimiento fueron incautados 344 dosis de bazuco, avaluados en 670.000 pesos y se encontraron seis (06) cámaras de seguridad instaladas en la vivienda con el fin de evadir a las autoridades”, informó el comandante Wharlinton Iván Gualdrón Este sujeto presenta cinco anotaciones judiciales por delitos de tráfico de estupefacientes, en el año 2022, 2023 y 2024″. España fue dejado a disposición de las autoridades competentes, para las audiencias preliminares y resolver su situación jurídica. «En el año se han capturado 3.844 personas por diferentes delitos, de los cuales, 1.357 han sido por el delito de tráfico de estupefacientes´´. Mencionó el comandante de la Región de Policía número 8