Por José Félix Lafaurie Rivera
Que nadie lo dude, FEDEGÁN cumple lo firmado. Los ganaderos cumplimos, como en 2009, cuando logramos certificar al país como libre de fiebre aftosa y cuando recuperamos ese estatus en 2020, después de una administración irresponsable que perdió ese gran logro y otros tantos. Cumplimos en la pandemia y seguimos cumpliendo, a pesar del abandono, la violencia y las narrativas que nos estigmatizan.
Por ello honraremos el Acuerdo de Tierras firmado con el Gobierno, porque creemos en el derecho del campesino a ser propietario, pero con las condiciones que dignifiquen su vida y le permitan superar la pobreza. Cumpliremos, para que nadie, nunca más, pretenda referirse a los ganaderos como terratenientes que se oponen a tan legítimo derecho; un estigma que no se compadece con la realidad de más de 600.000 productores, muchos de ellos campesinos que hacen parte de la pobreza rural.
Ahora bien, es importante repasar la redistribución de tierras desde la Ley 135 de 1961, ¡seis décadas! de reforma agraria, en las que se adjudicaron 1.749.905 hectáreas, de las cuales más de la mitad pasó a otras manos y las restantes son un monumento al minifundio improductivo, no solo por su extensión de subsistencia -“la parcelita”-, sino, principalmente, por la carencia de condiciones competitivas (servicios, vías, riego, asistencia, crédito, salud, educación, etc.), sinónimo del abandono estatal.
A partir de esta línea base, surgen dos consideraciones: la primera tiene que ver con el reto de completar tres millones de hectáreas, dentro del cual el acuerdo con FEDEGÁN es solo una de las fuentes, aunque los ganaderos buscaremos consolidar la mayor oferta posible.
De hecho, ya hemos entregado a la Agencia Nacional de Tierras 502 ofertas por más de 300.000 hectáreas, y cerca de 400 ganaderos, hasta donde sabemos, las han presentado directamente, lo que nos permite estimar que, del total de 1,7 millones de hectáreas que el Ministerio informó haber recibido en propuestas hasta mediados de enero, sin duda el mayor componente es de origen ganadero.
Adicionalmente, a diciembre de 2022, la ANT reporta 2,2 millones de hectáreas en el Fondo de Tierras, en su mayoría baldíos, mas no necesariamente de tierra improductiva. La SAE, por su parte, a junio de 2022, reportaba 100.000 hectáreas con propiedad extinguida y cerca de 340.000 en proceso, aunque más de 200.000 están “ocupadas irregularmente”, es decir, como que se las quitaron a los bandidos, pero siguen con ellas; 4.542 predios embolatados mientras miles de campesinos reclaman una parcela.
Cuando hago estas sumas, pienso en las 800.000 hectáreas que, según Juan Camilo Restrepo, “poseían” las Farc solo en Caquetá, o en las que “compraron” los paramilitares en el Caribe y el Magdalena Medio, bajo la amenaza, a quien se negara, de negociar después con la viuda.
Así pues, la disponibilidad de tierras no parece ser el problema; por ello la segunda consideración se refiere al verdadero reto, ese sí descomunal, de entregar tierras sin repetir el error, ya sexagenario, de pensar que un título de propiedad puede sacar a alguien de la pobreza. Frente a esta preocupación, el Gobierno anunció que las tierras se entregarán con “proyectos productivos”, aunque deberían tener, además, las “condiciones productivas” que los hagan viables.
Solo así se logrará la esencia del Acuerdo con FEDEGÁN, la INTEGRALIDAD, entendida como la acción articulada del Estado y la sociedad para proveer esas condiciones que dignifiquen la vida de los beneficiarios y sumen hacia la consolidación de una nueva CLASE MEDIA RURAL que amojone el camino hacia la paz.
Comienzo tienen las cosas, pero, que nadie lo dude, los ganaderos cumplimos.
