El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela se encuentra en el centro de la controversia tras la suspensión inesperada de la rueda de prensa programada para la entrega del segundo boletín de resultados de las elecciones presidenciales. La cita, que debía llevarse a cabo a las 10:00 de la mañana hora local, fue cancelada sin explicación detallada, y se anunció que la entrega de resultados sería reprogramada. La situación ha generado una creciente preocupación y desconfianza, en medio de alegaciones de fraude electoral. El primer boletín, emitido alrededor de la medianoche del 28 de julio, ya había suscitado controversia cuando el presidente del CNE, Elvis Amoros, justificó la demora como resultado de un supuesto ataque cibernético al sistema electoral. La falta de transparencia en el proceso se ha visto reflejada en el estallido de protestas en las calles, que hasta el momento han dejado un saldo de 13 muertos y 93 heridos. Los opositores alegan que los resultados reales de las urnas muestran una diferencia significativa entre Maduro y su rival Edmundo González, con un conteo que da a González una ventaja considerable. A medida que el CNE sigue posponiendo la publicación del segundo boletín y permanece en silencio, la presión tanto nacional como internacional crece. La comunidad internacional ha reiterado la necesidad de que el proceso electoral sea transparente y verificable para garantizar su legitimidad.