El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.

Durante la sesión del Concejo Distrital de Cartagena sobre la emergencia sanitaria que afectó a familias en Serena del Mar, Cardique anunció indagación preliminar para esclarecer si los hechos que dieron lugar a la emergencia, obedecen a aspectos ambientales. En representación del director de la corporación, María Alejandra Díaz, subdirectora de Gestión Ambiental, explicó que desde el inicio de la emergencia, Cardique ha realizado actuaciones en terreno, como la toma de muestras de agua en la red de agua potable de Serena del Mar, en articulación con Aguas de Cartagena, el Dadis y voceros del proyecto Serena del Mar. Díaz reiteró que Cardique no tiene competencia sobre agua potable, pero sí sobre el uso de agua por reúso, para lo cual han expedido resoluciones que, hasta la fecha, no presentan evidencia de incumplimiento por parte de los responsables de esta autorización. También recordó que la corporación expidió la licencia del emisario submarino, pero este instrumento no guarda relación directa con el sistema de agua potable que abastece la zona. Así mismo, Cardique ha hecho presencia en otros sectores como Tierra Baja y Puerto Rey, donde se recibieron quejas por alteraciones en los acueductos comunitarios, lo que motivó una convocatoria institucional con Aliat, Aguas de Cartagena y el Distrito. “Estamos frente a una indagación formal liderada por la Oficina de Sancionatorio Ambiental, con el propósito de esclarecer los hechos y, si es necesario, establecer responsabilidades”, puntualizó la subdirectora.