Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.

La temporada de lluvias en Cartagena ha generado graves afectaciones en cientos de familias del barrio La Boquilla, principalmente en los sectores Villa Gloria y Marlinda. Entre esos hogares afectados, se encuentran los de Carmen Reales, Eliana Gómez, María José Consuegra y Yarleidis Miranda, quienes por más de un mes han tenido que lidiar con aguas estancadas que afectan sus viviendas. “Hemos perdido enseres y muchas cosas, menos la dignidad. Cada vez que el cielo se ennegrece nos toca quedarnos en casa por si llueve, y, entonces, no podemos trabajar”, expresó Yarleidis Miranda, reflejando el sentir de muchos habitantes que ven interrumpidas sus labores diarias por el temor a nuevas inundaciones. Pese a las dificultades que se vienen presentando a causa de las inundaciones en La Boquilla, más de 500 habitantes de esta comunidad, incluyendo a Yarleidis, recibieron mercados entregados a nombre de Melissa Hilsaca, gesto que aliviana el momento de crisis que vive la comunidad. “La verdad, damos gracias porque estos mercados son de gran ayuda. En estos momentos, cuando el hambre hace mella, este apoyo es un gran aliciente”, afirmó uno de los beneficiarios, mientras sostenía con gratitud el paquete recibido. Por su parte, Melisa Hilsaca ratificó su compromiso de continuar con estas donaciones en Cartagena y Bolívar, buscando llegar a las comunidades más afectadas por las lluvias y otras necesidades. En sectores como Villa Gloria y Marlinda, donde el invierno agrava las condiciones de vida, gestos de solidaridad como este representan una luz de esperanza para cientos de familias que luchan por superar las adversidades.

El pasado 15 de noviembre, un fallo del Juzgado 13 Administrativo de Cartagena autorizó al Distrito intervenir directamente en 58 casas en estado de deterioro en el Centro Histórico de la ciudad, luego de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay tras casos de colapso que se presentaron durante el 2024. El mandatario, a través del Decreto 1975 del 30 de diciembre de 2024, delegó facultades a la Dirección de Control Urbano para ordenar intervenciones de primeros auxilios en balcones, tejados y fachadas de los inmuebles. Por su parte, la Dirección de Control Urbano inició una jornada de intervenciones en 21 de 58 inmuebles en riesgo. Con todo lo anterior y con el Decreto 1975 se estableció cómo se interviene y cómo se le va a cobrar a los propietarios todas las obras que el Distrito realice tras la medida preventiva que ha conseguido el juez, según explicó Emilio Molina. La Secretaría de Hacienda, por medio de la Tesorería Distrital, será la dependencia que realice el cobro coactivo de las intervenciones correspondientes, y así recuperar los costos asociados a las obras. Hacienda para activar el cobro debe recibir un informe detallado de Apoyo Logístico sobre las obras de primeros auxilios, y mediante acto administrativo se determinará la obligación de pago del propietario o poseedor del inmueble intervenido.