En un proyecto liderado por el alcalde  Dumek Turbay, junto a la Fundación Metrópoli buscan que Cartagena sea el eje central de Colombia ante el mundo transformándola  en una super- ciudad  para el año 2050. Con un crecimiento constante y un importante papel en la economía del país, la idea es que Cartagena quede parecida a Singapur, en temas de desarrollo urbanístico, este proyecto no solo implica el crecimiento de su infraestructura, sino también la implementación de tecnologías avanzadas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. El primer paso hacia este ambicioso proyecto es su transformación en una eco-ciudad, rodeada de abundante naturaleza, ya que la ciudad tiene un enorme potencial para incorporar soluciones ecológicas que garanticen un desarrollo armonioso con el entorno. Según expertos como el arquitecto Alfonso Vergara, la clave para lograr esta metamorfosis radica en la complementariedad entre la inteligencia humana y la IA, pero es la inteligencia humana la que debe guiar las decisiones y asegurar que el progreso tecnológico se haga de manera ética y responsable, así como involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Preguntándose cómo desean que sea la ciudad en el futuro, los habitantes y líderes locales están trabajando juntos para definir un plan que refleje las aspiraciones colectivas de todos. ¿Cómo te gustaría que fuera Cartagena en el año 2050?

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.