Por Carlos Espinosa Osorio Revisar nuevamente el Decreto 463 de 2016 del gobierno de Juan Manuel Santos, que reglamentaba la renta exenta de servicios hoteleros prestados en hoteles construidos entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, podría ser una alternativa efectiva para potenciar el turismo y reactivar la economía en Colombia. Este decreto, que generó una gran dinámica en la construcción de hoteles con centros comerciales, tendría múltiples beneficios para el país. Primero, impulsaría el sector de la construcción, aumentando la demanda de materiales de construcción y la creación de nuevas habitaciones hoteleras. Además, la construcción de hoteles cinco estrellas y resorts contribuiría a elevar la calidad del turismo en Colombia. La generación de empleos directos e indirectos sería otro resultado positivo de esta medida, ya que se requeriría mano de obra en diferentes áreas, desde la construcción hasta los servicios hoteleros. Sumado, el aumento de la oferta hotelera atraería a turistas con un mayor poder adquisitivo, lo que impactaría positivamente en la economía local y nacional. Además, esta iniciativa situaría a Colombia en el radar a nivel mundial como un destino turístico destacado en Centroamérica. La inversión en infraestructura hotelera de calidad y la promoción del país como un lugar atractivo para visitar podrían aumentar significativamente el flujo de turistas internacionales. Durante la vigencia del decreto, se habló de construcciones por más de 3 billones de pesos, lo que demostró el potencial económico que esta medida pudo desencadenar. La renta exenta también beneficiaba a las construcciones hoteleras que tuvieron un avance de más del 61%, lo que evidenció el éxito y la relevancia de esta política para el desarrollo del sector turístico en Colombia. En conclusión, revisar y retomar el Decreto 463 de 2016 sería una estrategia clave para impulsar la construcción, el turismo, fortalecer la economía y posicionar a Colombia como un destino turístico de primer nivel en la región.

El primer aspecto fundamental es comprender por qué migran las personas, lo que implica analizar tanto las causas de la migración como a sus responsables, es decir, aquellos que generan las condiciones que obligan a las personas a emigrar. El segundo aspecto es reconocer los derechos universales que todas las personas poseen por el simple hecho de serlo, los cuales no dependen de su nacionalidad ni de su estatus migratorio. En este sentido, es crucial enfatizar que una persona puede encontrarse en un país sin la documentación adecuada, pero eso no la convierte en ilegal como ser humano. Lamentablemente, sigue siendo necesario recordar que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin importar su situación migratoria. Sobre este último aspecto lo primero a mencionar es que acuñar el término «ilegal» a una persona por su estatus migratorio es un error jurídico, lingüístico y ético, ya que implica una estigmatización y criminalización indebida. La ilegalidad se aplica a los actos, no a la existencia humana.  La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 1) establece que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», lo que significa que ninguna persona debe ser criminalizada por su condición de migrante. En la mayoría de los casos, la falta de documentos migratorios constituye una infracción administrativa y no un delito, como lo reconoce el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU, que enfatiza que la migración irregular no debe castigarse con sanciones penales. Además, etiquetar a las personas inmigrantes indocumentadas como «ilegales» refuerza discursos discriminatorios y deshumaniza a quienes buscan mejores oportunidades o huyen de condiciones adversas. Naciones Unidas y ACNUR han enfatizado que la migración irregular debe abordarse desde sus causas estructurales, como la desigualdad, los conflictos y la crisis climática, en lugar de ser criminalizada. Por lo tanto, es fundamental utilizar un lenguaje preciso y respetuoso que no contribuya a la xenofobia ni a la negación de derechos fundamentales. La migración es un fenómeno histórico y una consecuencia de factores globales que deben tratarse con un enfoque basado en derechos humanos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990, Artículo 8) establece que «los trabajadores migratorios y sus familiares no serán considerados infractores penales únicamente por el hecho de no cumplir con los requisitos de ingreso o residencia en un país», reafirmando el principio de no criminalización. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 12.2) reconoce que «toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio», lo que confirma la migración como un derecho fundamental.  Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para las personas migrantes, incluyendo acceso a salud, educación y protección contra la explotación y la discriminación, en cumplimiento con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe la expulsión de personas hacia territorios donde su vida o libertad corran peligro.Debemos reconocer que emigrar es un derecho humano, y los países deben asumir su deber de acogida, asegurando que las fronteras sean espacios de protección y oportunidad, en lugar de barreras para la dignidad humana. Otro aspecto fundamental es analizar las causas de la migración y sus responsables. La migración masiva del Sur Global hacia el Norte Global no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia directa de siglos de colonialismo, intervención política y explotación económica impuesta por las potencias occidentales.  A través del saqueo de recursos naturales, la imposición de modelos económicos neoliberales, el derrocamiento de gobiernos y el respaldo a dictaduras alineadas con sus intereses, los países ricos han debilitado la soberanía y el desarrollo de las naciones del Sur, generando pobreza estructural, violencia y falta de oportunidades. Además, organismos como el FMI y el Banco Mundial han obligado a estos países a adoptar políticas de austeridad, privatización y dependencia económica, destruyendo la producción local, precarizando el empleo y agravando la desigualdad. A esto se suma la crisis climática, provocada en su mayoría por las grandes economías industriales del Norte, cuyas consecuencias (desplazamientos forzados por sequías, huracanes y pérdida de tierras fértiles) afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables del Sur. A pesar de haber creado las condiciones que obligan a millones a migrar, el Norte Global responde con fronteras militarizadas, leyes migratorias restrictivas y la criminalización de quienes buscan mejores oportunidades. Mientras exigen mano de obra barata y explotan a los migrantes en condiciones precarias, sus gobiernos refuerzan discursos xenófobos y políticas de deportación masiva. La verdadera solución a la crisis migratoria no radica en cerrar fronteras, sino en reconocer la responsabilidad histórica de las potencias de Occidente, permitir la autodeterminación de los pueblos del Sur y garantizar condiciones dignas para que sus habitantes no se vean forzados a huir. Entonces en lugar de criminalizar la migración, el Norte debería detener su intervencionismo, poner fin a la explotación de estos países y asumir su deuda histórica.