Luego de lo ocurrido el pasado 23 de septiembre en el corregimiento insular de isla Fuerte, que dejó como resultado 4 personas muertas y alteraciones de orden público, las autoridades en Cartagena encabezada  por la Alcaldía se comprometieron a garantizar la seguridad en el territorio. Según las autoridades, ya están instalados uniformados de la Infantería de Marina para la militarización permanente de la isla.  Estas acciones también incluyen el regreso del inspector de Policía, Irene Barrios, aun cuando se encuentra bajo amenazas. Sin embargo, desde la secretaria del interior se comprometieron a brindarle acompañamiento al inspector para que pueda continuar ejerciendo sus funciones. Bruno Hernández, secretario del interior, destacó que el compromiso con la comunidad es primordial y anunció que pronto comenzarán las adecuaciones en la oficina de la inspección de Policía para garantizar los derechos de los nativos.  «En isla Fuerte no están solos, esta administración los escucha y gobierna desde el territorio,» agregó Hernández 

Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones. Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones.