Bajo el señalamiento de que Google ha sofocado la competencia para mantener su poderosa posición en el mercado de búsquedas en línea y publicidad basada en búsquedas, el gobierno de los Estados Unidos demandó a la organización.
De acuerdo con el documento expedido por el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), Once estados (Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Carolina del Sur y Texas) se unieron a la demanda.
El centro de la denuncia está en una serie de acciones entrelazadas de Google que, en su conjunto, supuestamente perjudicaron a la competencia e impidieron que los rivales obtuvieran una audiencia significativa.
La denuncia alega que Google paga miles de millones de dólares al año a fabricantes de dispositivos como Apple, LG, Motorola y Samsung y a desarrolladores de navegadores como Mozilla y Opera para ser su motor de búsqueda predeterminado. Y, en muchos casos, para prohibirles tratar con los competidores de Google. Como resultado, «Google posee efectivamente o controla los canales de distribución de búsqueda que representan aproximadamente el 80% de las consultas de búsqueda generales en Estados Unidos».
Al respecto, el vicesecretario de justicia, Jaffrey Rosen expresó «No hay nada fuera de consideración», quien advirtió que si el DOJ no presentaba una demanda ahora, «podríamos perder la próxima ola de innovación». Además aseguró que «los estadounidenses podrían no llegar a ver nunca el próximo Google».
Por su parte, Kent Walker, vicepresidente sénior de asuntos globales y director legal de Google respondió a la demanda a través de un blog, diciendo que «La demanda presentada hoy por el Departamento de Justicia tiene muchos defectos… La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas», argumentó.
La publicación afirma que la denuncia «se basa en argumentos antimonopolio dudosos» que «no ayudarían en nada a los consumidores… Al contrario, apuntalaría artificialmente alternativas de búsqueda de menor calidad, elevaría los precios de los teléfonos y dificultaría que las personas obtengan los servicios de búsqueda que quieren utilizar», escribió Walker.
Google dijo que su práctica de pagar para ser el motor de búsqueda predeterminado en teléfonos inteligentes como el de Apple no es diferente de las acciones de otras empresas para promocionar sus productos.»De la misma manera que una marca de cereales podría pagar a un supermercado para que almacene sus productos al final de una fila o en un estante a la altura de los ojos», explicó.
La demanda del DOJ contra Google marca el paso más importante que ha tomado el Gobierno de Estados Unidos para hacer que Silicon Valley rinda cuentas después de que Washington dio un giro dramático contra la industria tecnológica. Esto, tras la evidencia de que las principales plataformas de redes sociales fueron manipuladas por esfuerzos de injerencia extranjera en las elecciones de 2016. Desde entonces, los altos ejecutivos de las principales plataformas tecnológicas han sido llevados repetidamente ante el Congreso. Allí han enfrentado preguntas sobre sus responsabilidades en relación al discurso político; contenido de odio e información errónea; pequeños negocios y periodismo local; y competencia.
El caso que se avecina podría representar un riesgo sin precedentes para el negocio de publicidad más amplio de Google, que generó US$134.800 millones en ingresos el año pasado. Esto representa el 84% del negocio total de Google.
La demanda de Google también simboliza las crecientes críticas, particularmente de excandidatos presidenciales demócratas –incluidas las senadoras Elizabeth Warren y Amy Klobuchar– contra los niveles históricos de desigualdad económica y concentración empresarial en Estados Unidos.
