En los años 90, Cartagena vivió una época dorada en el transporte urbano, marcada por la llegada de las flotas de Metrocar, o buses de «lujo» como le llamaban los cartageneros, la cual contrataba mujeres para trabajar como azafatas, quienes vestían con uniformes verdes, medias veladas y zapatos cerrados, su  función era entregar unas manillas a los pasajeros y cobrar de manera elegante los $300 pesos del pasaje. Lea también: así se veía Cartagena durante los años 70, 80 y 90  El éxito de Metrocar fue tan notable que rápidamente inspiró a otras empresas de transporte como Vehitrans a adoptar su modelo de atención.  Las mujeres que trabajaban como azafatas eran elegantes, cordiales y con cierta simpatía para atender a los pasajeros, tanto así que los estudiantes que salían del colegio le compusieron una canción imaginándose fantasías platónicas: «azafata, mi linda azafata… Te voy a desnudar.» Todo esto sin ellas enterarse de que cuando las veían con las minifaldas les cantaban esa canción.  En el 2005 la moda de las azafatas llegó a su fin, ya que a las empresas de transporte Vehitrans y Metrocar les propusieron implementar un torniquete electrónico, que les permitiría contabilizar de manera automática el ingreso de los pasajeros con el fin de facilitar el trabajo de los conductores, marcando un cambio drástico para las azafatas, quienes habían sido símbolo de elegancia y amabilidad se despidieron de sus uniformes y de la conexión personal con los pasajeros, pero nunca  de la memoria colectiva de los estudiantes, que al día de hoy, en cada esquina, un antiguo pasajero aún sonríe al recordar a su «linda azafata,» una muestra de una era dorada que aunque llegó a su fin nunca será olvidada.

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha desestimado la apelación presentada por la Concesión Vial de Cartagena, que buscaba anular el laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena.  El laudo arbitral abordó un conflicto relacionado con el contrato de los peajes internos de Cartagena, centrándose en la interpretación de la fórmula para recuperar la inversión efectuada en el Corredor de Carga. Aunque el Tribunal accedió parcialmente a las demandas de la Concesión, determinó que ciertos cambios contractuales no podían ser revisados debido al tiempo transcurrido. La Concesión Vial alegó que el tribunal no había actuado correctamente en su decisión, pero el Consejo de Estado concluyó que la apelación no cuestionaba los fundamentos legales, sino las interpretaciones realizadas por los árbitros. Además, el Consejo de Estado impuso una sanción económica de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a la Concesión Vial de Cartagena.