Por Claudia Tinoco Padaui

El papel de la palabra en la política se ha ido debilitando desde su auge en la Grecia del siglo V a. C., cuando Isócrates ratificaba, incluso, que, si «hubiera que hablar en general del poder de la palabra, descubriríamos que ninguna acción sensata se ha producido sin su intervención» y afirmaba que nos era inherente «convencernos los unos a los otros» y que para ello usábamos la palabra.

Luego, Cicerón, mejor conocido como el «padre de la elocuencia», soportaba que, en la República, la palabra era, en sí misma una acción; la democracia necesitaba del uso de la palabra. Para Cicerón, el «primer deber del orador es convencer, el segundo es debilitar todo lo que refuerza la parte adversa». Esta idea es consistente con el discurso político moderno: uno plantea un problema y una propuesta de solución que debe ser mejor que la alternativa. Es decir, persuasión y diferenciación, en pos de la eficacia del instrumento.

Ahora bien, el reconocimiento de la palabra en la actividad política es y debiera mantenerse vigente. No existe actividad política ajena a la palabra y, por lo tanto, su análisis importa. Pero, sin decirlo de forma directa, lo que podría pasar es que asumiéramos en ese vacío narrativo que por mencionar más veces algo que nos parece prioritario, la propuesta de solución es la que coincide con la que se puede aprobar.

Desde su papel de veedor, durante su campaña política y ahora en su mandato como alcalde de Cartagena 2020-2023, hemos venido escuchando las mismas palabras o frases para hacer referencia a los problemas que agobian a la ciudad y los presuntos culpables. Palabras que incluso, han hecho eco no solo en el corralito de piedra sino el orden nacional.

Usar un léxico particular -sin salirse de la posición laboral- para asociarlo con problemas o referirse a algo o alguien no está mal, -aunque dice Orwell “debe reconocerse que el caos político actual está relacionado con la decadencia del lenguaje”-, lo que realmente está mal es que estas no tengan un valor importante cuando se dicen, es decir, que no estén acompañadas de hechos y argumentos contundentes para que luego quien las dice, no se vea en la penosa obligación de recogerlas y hacer ver ante la audiencia como si jamás se hubiesen dicho porque quien domina la palabra construye el relato y crea una atmósfera única, a veces opresivo, que puede llegar a intoxicar a quien se empeña en pensar de forma distinta.

Las palabras mal empleadas, generan un espacio propicio para la desinformación y con ello, tendencias contraproducentes para la democracia dándole importancia solo a las palabras sin sustentarlas con hechos y posibles soluciones contribuye a opiniones parciales, desinformadas y sesgadas.

Ya es muy común y de costumbre, escuchar al máximo mandatario del corralito de piedra, a través de LIVE (en vivo) en sus redes sociales, los innumerables problemas sociales, económicos e institucionales y quienes son los “presuntos responsables” sobre la situación actual del distrito, pero, lo que debería volverse costumbre para él, es dar a conocer los hechos probatorios que justifiquen todas sus afirmaciones porque sigue quedándose corto para demostrar todo lo que dice. Traigo a colación una célebre frase “las palabras que no van seguidas de hechos, no valen nada” -esopo-. Y no solo me refiero a que haga el papel que no le compete de organismo de control, no, hago referencia a como va a ejecutar ese “ambicioso” Plan de Desarrollo; -Salvemos Juntos a Cartagena-, con 700 metas planteadas para estos 4 años de gobierno -que entre paréntesis- quiero decir: de nada sirve la cantidad sino hay calidad.

Si Cartagena, esta tan grave como el Sr. Dau ha venido exponiendo en sus redes sociales, con “déficit fiscal” o “en quiebra”, ¿Cómo piensa ejecutar 700 metas de dicho plan? Si, S E T E C I E N T A S. Entre otras cosas, mi experiencia en esta área y como asesora política que soy, me indica que lo recomendable no es plantear un numero de metas tan altas. Le recuerdo Sr a usted y sus asesores, las metas en un plan de desarrollo deben ser medibles, razonables, coherentes y claras y la definición de estas, deben ir de acuerdo con los criterios mencionados ya que, el costo de las acciones está relacionados con elementos que se expresan en las metas propuestas. ¡¡Pero, bueno… soñar no cuesta nada y es gratis!!

Con lo anteriormente expuesto y otras acciones que ya muchos de nosotros conocemos podemos evidenciar la carencia del poder de las palabras de Dau Chamatt y que, para mí, todas están escritas con <p> de:  palabras de trapo. Denunciar y/o rendir cuentas es un deber y obligación como ciudadano o funcionario público, pero, todo debe ir fundamentado y argumentado con hechos para que dichas aserciones no se vuelvan falacias intencionadas para así alimentar el morbo de las masas y poder con esto manipular a los ciudadanos. Deje sus falacias para otro momento, encárguese de mostrarnos las posibles soluciones al sin número de problemas que hay y como vamos a salir adelante sobre todo en este momento tan difícil que atraviesa el mundo. Esas falacias, chismes y medias verdades deben terminar de una vez, de lo contrario muy seguramente la palabra de un político vuelva a significar algo.

Claudia Tinoco Padaui. Politóloga de la Universidad del Norte. Magister en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. 5 años de experiencias en el sector público: asesora en Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, alcaldía de Cartagena secretaria de Planeación, Universidad de Cartagena, entre otros.