El Canal del #Dique, destinado a restaurar ecosistemas y controlar inundaciones en Bolívar, Atlántico y Sucre, enfrenta retrasos significativos. La Contraloría General de la República advirtió que las demoras, derivadas de exigencias de licencias ambientales por parte de la Anla y consultas previas con comunidades, podrían derivar en la terminación anticipada del contrato, poniendo en riesgo $3,25 #billones de inversión. El presidente del Senado, #Efraín Cepeda, calificó como “incongruente” la exigencia de licencias para lo que considera una obra ambiental. Sin embargo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, defendió la necesidad de evaluaciones rigurosas debido al impacto potencial en ecosistemas vulnerables, incluyendo Parques Nacionales Naturales. La suspensión del proyecto afectaría a 1,5 millones de personas que dependen de las obras para mitigar inundaciones y mejorar la navegación. Mientras los costos continúan aumentando, el conflicto entre el Congreso y el Gobierno deja el futuro del megaproyecto en incertidumbre.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha suspendido varios de sus programas clave en Colombia, afectando directamente iniciativas de paz y seguridad en el país. Esta decisión ha generado una gran preocupación sobre el futuro de proyectos vitales que han estado financiados por la agencia durante años, especialmente aquellos enfocados en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y en la lucha contra el narcotráfico. La suspensión de los fondos de USAID se ha producido en el contexto de una reevaluación de las políticas de cooperación por parte del gobierno de los Estados Unidos. A pesar de los logros obtenidos en años recientes, como la disminución de cultivos ilícitos y avances en la reintegración de excombatientes, USAID ha decidido centrarse en nuevas prioridades internacionales, lo que ha derivado en una reducción drástica de la ayuda asignada a Colombia. Esta decisión también responde a la reestructuración interna de la agencia y los cortes presupuestarios impulsados por las políticas del gobierno estadounidense en cuanto a la asignación de recursos para la cooperación exterior. La suspensión de estos fondos ha generado fuertes críticas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Líderes de ONGs y organizaciones de derechos humanos califican esta medida de “irresponsable”, advirtiendo sobre las graves consecuencias para las comunidades vulnerables. Se teme que la falta de financiación intensifique los problemas de violencia y el narcotráfico en Colombia, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto armado. El gobierno colombiano enfrenta ahora el desafío de buscar alternativas para financiar estos programas y mitigar los efectos de la suspensión de USAID. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen esperando soluciones urgentes que garanticen la continuidad de los proyectos esenciales para su desarrollo, seguridad y bienestar. USAID había invertido alrededor de $453 millones anuales en Colombia en programas de desarrollo, paz y seguridad. Este apoyo representaba una parte fundamental de los esfuerzos para la implementación del acuerdo de paz, la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento institucional en las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico.