Así nace la idea de la placa conmemorativa tras la visita real. En noviembre de 2014, Cartagena fue escenario de una visita histórica con la llegada del príncipe de Gales y su esposa Camila, duquesa de Cornualles. Por ello, se planteó recibirlos en un acto diplomático, organizado por las autoridades locales y encabezado por el entonces alcalde Dionisio Vélez, donde se develó una placa en honor a los soldados británicos caídos durante el asedio de Cartagena en 1741; sin embargo, la placa de la «discordia» trascendió más que la misma visita real. Siendo así, lo que pretendía de un gesto diplomático rápidamente se convirtió en el descontento de los locales, tras considerar este hecho como una falta a la memoria histórica del legado de la defensa heroica de la ciudad… Para las personas, esta placa no reconocía adecuadamente la valentía de los defensores, tal como Blas de Lezo y su ejército de 3.000 hombres, mismos que vencieron a las tropas inglesas con aproximadamente 30.000 hombres comandados por Vernon.  ¿Un acto de defensa histórica o vandalismo? El rechazo popular alcanzó su punto máximo cuando Jaime Rendón Márquez, un activista y defensor de los derechos humanos, mismo que fue arrestado por destruir la placa con una «mona», rompió el monumento en un acto de protesta, argumentando que la placa era una afrenta a la historia de Cartagena y que su destrucción era necesaria para preservar el honor de los héroes que defendieron la ciudad. Sin embargo, poco después quedó en libertad. Este acto fue la culminación de un sentimiento generalizado entre muchos cartageneros, que también asistieron al lugar donde se encontraba la placa en aras de protestas con pancartas, incluso algunos vestidos con ropa de la época militar, como si tratasen de personificar a Blas de Lezo y que consideraban que la placa no debía estar en un lugar tan emblemático. Para ellos, el homenaje ignoraba el sacrificio de «Blacho» y de aquellos que lucharon para proteger la ciudad, centrándose en los caídos británicos.  El fin de la placa. Por lo anterior, la presión popular fue tan fuerte que llevó al alcalde de entonces, Dionisio Vélez, a anunciar la remoción definitiva de la placa. En la actualidad, diez años después, la historia de la placa de la “discordia” es una expresión viva del sentimiento patriótico, que, por medio de la identidad que van marcando las historias de una ciudad, asimismo va forjando el carácter de nuevas generaciones. 

La Personería Municipal de Turbaco emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria contra los exsecretarios de Planeación David William Padilla Castro, Eduin Enrique Morillo Valdemar, Luis Jerónimo Marrugo Espinosa y Jairo Segundo Nieto Cortecero, por presuntas irregularidades en la expedición de licencias urbanísticas durante sus períodos en el cargo.

 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

 Finalmente, invita a los ciudadanos a realizar consultas previas con las entidades correspondientes para verificar la legalidad y viabilidad de los proyectos antes de realizar cualquier transacción. Este esfuerzo conjunto es clave para garantizar un desarrollo urbano ordenado y sostenible que respete los derechos de los ciudadanos. Información suministrada a prensa.