La Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) hizo un llamado urgente a los campesinos y mineros que mantienen bloqueadas las vías en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, para que permitan el paso de trabajadores y vehículos del sector lechero, uno de los más afectados por el paro actual. Según cifras del gremio, los bloqueos están generando pérdidas cercanas a $1.000 millones diarios, debido a la imposibilidad de comercializar alrededor de 500.000 litros de leche al día, especialmente en municipios como Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Saboyá, Paipa y Ventaquemada. En Cundinamarca, la situación más crítica se vive en Ubaté, el mayor productor de leche de la región. FEDEGÁN expresó comprensión por las razones del paro, pero advirtió que esta situación podría tener un efecto dominó en la cadena de abastecimiento, con alzas en los precios para los consumidores finales, especialmente en Bogotá. Además, alertaron sobre el riesgo de pérdida de la leche represada, la cual no ha podido ser transformada ni distribuida. “Necesitamos una solución urgente que evite que esta crisis golpee aún más al campo y a los hogares colombianos”, indicó el presidente ejecutivo José Félix Lafaurie Rivera.

Un juez con funciones de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre en San Andrés por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado agravado. La Fiscalía General de la Nación así lo solicitó luego de investigar lo ocurrido el 17 de octubre en un establecimiento comercial de recaudo en el centro del archipiélago. Allí, precisa el ente acusador, Robinson Anaya Cuesta en compañía de otra persona habría intimidado con un arma de fuego a la cajera de turno, para apropiarse de 99 millones de pesos, y huir del lugar. El investigado no aceptó el cargo que le imputó la Fiscalía. Por decisión judicial, su reclusión se cumplirá en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés. Por su supuesta responsabilidad en los delitos de hurto calificado agravado, receptación, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso personal, dos hombres fueron enviados a prisión en la Isla de San Andrés.