La polémica en torno al cobro de la Contribución Nacional de Valorización en la Vía del Mar, que conecta las ciudades de Cartagena y Barranquilla, continúa creciendo. En las últimas horas, el abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una nueva demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías) que regulan el cobro. La demanda argumenta que las resoluciones infringen derechos constitucionales y exceden las facultades de la administración, imponiendo una carga económica desproporcionada a los habitantes de la región Caribe sin un análisis adecuado de su capacidad de pago. Ruiz señaló que esta medida afecta negativamente el bienestar y la estabilidad económica de los ciudadanos, al exigirles asumir costos sin que los beneficios sean proporcionales al impacto que se les obliga a asumir. El cobro de valorización, que tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura vial en diez municipios de la región Caribe, no es un tema nuevo. Ya ha sido objeto de controversia en varias ocasiones, y diversos actores, como el Consejo Gremial de Bolívar, el Consejo Intergremial del Atlántico, y las Alcaldías de Cartagena y Barranquilla, también han interpuesto acciones judiciales para tumbar las resoluciones que permiten el cobro. Por su parte, el Ministerio de Transporte ha defendido la legalidad de la medida, destacando que los recursos recaudados se destinarán a financiar nuevos proyectos viales en las ciudades beneficiadas, que incluyen a Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla y otros ocho municipios del Atlántico. El Ministerio argumenta que este mecanismo ha sido utilizado en varios proyectos nacionales desde su creación en 1921, y que es una herramienta válida para financiar el desarrollo de infraestructura, de la cual, según la cartera, se beneficiarán los municipios involucrados. 

Distriseguridad anunció una inversión superior a los $8.600 millones para fortalecer la Policía Metropolitana de Cartagena, en un esfuerzo por mejorar la seguridad en la ciudad mediante la adquisición de tecnologías avanzadas. La entidad planea adquirir elementos clave para la investigación criminal, incluyendo equipos de geolocalización, software para análisis de evidencia digital y herramientas para la extracción de datos de dispositivos móviles de alta gama. Esta inversión se realizará a través de una selección abreviada de subasta inversa, y se prevé que el contrato sea adjudicado el próximo 13 de diciembre. Según la Fundación Cívica Pro Cartagena (Funcicar), que dio a conocer los detalles a partir del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), este proceso cuenta con las cotizaciones necesarias para respaldar el valor económico del contrato. Distriseguridad ha asegurado que estos recursos fortalecerán las capacidades operativas de la Policía Metropolitana, mejorando su capacidad de respuesta ante el crimen y ayudando en la resolución de delitos mediante el uso de inteligencia y tecnología avanzada. Además de esta inversión tecnológica, Distriseguridad está ejecutando otros proyectos en la ciudad para aumentar la cobertura de seguridad. Entre estos se incluyen la instalación de cámaras de seguridad con alarmas en áreas deportivas y la integración de cámaras de vigilancia en 120 comercios aliados. Estas acciones buscan ampliar la red de videovigilancia, mejorando la capacidad de monitoreo en tiempo real y, en última instancia, garantizando una mayor seguridad para los ciudadanos de Cartagena.