El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, visitaron el corregimiento de El Salado en El Carmen de Bolívar para abordar las necesidades urgentes de la comunidad en el marco del evento “Diálogos Territoriales con la Supersalud 2024”. En esta reunión, se comprometieron a mejorar significativamente los servicios de salud, seguridad y otras áreas prioritarias para la población. El gobernador Arana destacó la importancia de los programas productivos en marcha, la recuperación de la cancha deportiva local y la pronta restauración del puesto de salud, una solicitud reiterada por los residentes. Asimismo, se anunció que se realizarán estudios y diseños para la construcción de una nueva estación de Policía, una necesidad largamente esperada por la comunidad. En el área de infraestructura, se acordaron acciones correctivas para el sistema de alcantarillado y se solicitó a la Superintendencia que la empresa de servicios públicos se comprometa a atender las necesidades de los habitantes de El Salado. Además, se asignarán recursos nacionales para la canalización de aguas lluvias, abordando una de las preocupaciones más urgentes de los residentes. El Superintendente Leal Angarita también escuchó las inquietudes de la comunidad sobre la demora en la entrega de medicamentos y los problemas de transporte hasta El Carmen de Bolívar. Se explorarán soluciones para mejorar la eficiencia del servicio y garantizar un acceso adecuado a los medicamentos a través de las EPS presentes en la región.  Estos compromisos buscan aliviar las dificultades que los habitantes de El Salado han enfrentado durante años y mejorar su calidad de vida mediante una colaboración efectiva entre las autoridades locales y nacionales.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su preocupación por las quejas de los ciudadanos respecto a los resaltos instalados en La Boquilla para reducir la velocidad de los vehículos. En un comunicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Turbay calificó la medida como «antitécnica» y señaló que la implementación de estos reductores ha generado serios inconvenientes tanto para los conductores como para la comunidad. Según el alcalde, los resaltos, que obligan a los vehículos a reducir la velocidad a cero, han provocado congestión vehicular, riesgos de accidentes y, en algunos casos, denuncias de atracos. Además, destacó que el diseño de los resaltos, ubicados a corta distancia entre sí, está provocando vibraciones excesivas, lo que, según los conductores, estaría dañando los sistemas de dirección y suspensión de los vehículos. Turbay aclaró que la instalación de los reductores fue llevada a cabo por la concesión Ruta Costera en diciembre de 2024, con el objetivo de reducir la siniestralidad en la zona, y con la aprobación del Consejo Comunitario de La Boquilla. Sin embargo, el alcalde señaló que el municipio solicitará al concesionario, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), un estudio de siniestralidad y un análisis técnico que justifique la colocación de este tipo de resaltos. El alcalde también propuso convocar una «mesa de urgencia» con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario de la vía, para coordinar y buscar una solución alternativa que beneficie tanto a los residentes de La Boquilla como a los conductores. Entre las posibles soluciones, Turbay sugirió la implementación de una cámara de fotodetección para regular el tráfico urbano a una velocidad de 30 kilómetros por hora.