La Procuraduría General de la Nación ha presentado un pliego de cargos contra el interventor a cargo de las obras de restauración del Palacio de la Proclamación en Cartagena. Se le acusa de haber aceptado dichas obras, adscritas a la Gobernación de Bolívar, a pesar de que no se encontraban completamente terminadas. El señalado es Rafael Eduardo Zamora Melo, representante legal de la firma Intercabildo, encargada de la interventoría. Se le atribuye una posible omisión en su deber de supervisión, dado que las obras, en las que se invirtieron 47.863 millones de pesos provenientes de regalías, no habrían sido debidamente vigiladas durante su ejecución. De acuerdo con la Procuraduría, Zamora Melo firmó un acta de recibo de las obras el 9 de enero de 2020, certificando que estaban completadas, a pesar de que aún no se habían cumplido todos los términos del contrato. Más adelante, en diciembre de 2020, se firmó el acta de finalización del contrato, persistiendo aparentes incumplimientos. El auto de cargos indica que al haber certificado la obra como finalizada sin que estuviera totalmente ejecutada, Zamora Melo habría incumplido con su deber como representante legal de la firma interventora, quien temporalmente desempeñaba una función pública. Esta conducta ha sido calificada provisionalmente como gravísima por parte del Ministerio Público, bajo el cargo de dolo.

Se trata de Roxana Mendoza Pantoja, una joven de en el municipio de Mahates en el departamento de Bolívar, quien fue elegida para ir a una aceleradora de liderazgo juvenil en España. Este proyecto, llamado Dreamers & Makers, tiene dos objetivos, por un lado, ampliar el concepto de éxito de jóvenes líderes y como segundo vincularlos a un ecosistema de ciudadanía global. Se conoce, que el encuentro fue llevado a cabo en Madrid con el acompañamiento de la exprimera dama de Colombia María Juliana esposa del expresidente Ivan duque. La joven ya estuvo en agenda con el expresidente de México Felipe Calderon y con Cayetano Alvarez, congresista de España.

Luego de la reunión convocada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), este jueves 22 de agosto, se propuso llegar a un acuerdo respecto al peaje de Turbaco. La propuesta fue reducir hasta un 90% el cobro de las categorías I y II. De esta manera, la categoría I quedaría en $1,500 y la categoría II sería de $2,000 para los residentes de los municipios de Turbaco y Arjona. Sin embargo, en un reciente comunicado del Frente Nacional Contra el Abuso de Peajes, manifestó su desacuerdo con la propuesta y enviaron un mensaje al presidente Gustavo Petro. 🗣️ “El señor presidente Gustavo Petro Urrego nos invitó en más de un discurso de campaña, que nos convirtiéramos en unos veedores de lo público, por lo que hemos defendido nuestros derechos y demostramos con sobradas pruebas que estamos ante uno de los más grandes hechos de corrupción del pais. Sin embargo, nos ha dado la espalda hasta el día de hoy”, reposa en el comunicado.