Los #gremios de Atlántico y Bolívar han expresado su inconformidad con la solicitud de una licencia ambiental para el proyecto de restauración del #Canal del Dique, un plan que busca recuperar los ecosistemas degradados a lo largo de sus 115 kilómetros. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, recientemente exigió este trámite, lo que ha sido considerado por los gremios como innecesario, ya que el proyecto tiene precisamente un enfoque ambiental. En su comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar e Intergremial Atlántico expresaron los beneficios que el proyecto traería para la región, como la reducción de inundaciones, la recuperación del Parque Natural Corales del Rosario y la mejora en la calidad del agua para los acueductos locales. Además, destacan que el uso del canal ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al aumentar el transporte fluvial. Para estas entidades, el proyecto no solo ayudará al medio ambiente, sino que también generará oportunidades económicas en la región, con más de 60 mil empleos y un impulso para la agricultura, la pesca y el turismo en zonas necesitadas. Por eso, hicieron un llamado al Gobierno y a las entidades involucradas para agilizar los trámites y evitar retrasos que frenen las obras. “Lo importante es arrancar cuanto antes con esta iniciativa que tanto necesita la región”, concluyeron.

El inicio de las obras del megaproyecto del Canal del Dique, adjudicado en junio de 2023 y considerado esencial para la restauración ambiental y el desarrollo de la Costa Caribe, se pospondrá hasta mediados de 2026 debido a la necesidad de un nuevo estudio de impacto y restauración ambiental. Carlos Rosado, director de relaciones públicas de Sacyr, empresa encargada del proyecto, confirmó esta información. Este proyecto, que busca beneficiar a más de 1,5 millones de habitantes y abarca un área de influencia de 435.000 hectáreas en los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico y la ciudad de Cartagena, tiene como objetivo cumplir con el 57% de la meta nacional de restauración ambiental. Sin embargo, la exigencia de un estudio más detallado ha generado este retraso. «Este nuevo estudio está muy enfocado en la protección y restauración del ecosistema. Los términos de referencia son los mismos que aplican a cualquier proyecto de infraestructura, pero se requieren mediciones en diferentes épocas climáticas, lo que toma un tiempo importante», explicó Rosado. El estudio ambiental comenzará en enero de 2025 y se extenderá por 14 meses. Posteriormente, se necesitarán otros cuatro meses para su aprobación por parte del gobierno, lo que pospondrá el inicio de las obras hasta 2026. Inicialmente, la etapa de preconstrucción, que incluye estudios de gestión social, predial y ambiental, tenía un plazo de 18 meses, proyectando el inicio de las obras para diciembre de 2024. Con el nuevo cronograma, el proyecto acumula más de un año de retraso. Otro factor crítico es la ausencia de una licencia ambiental, un proceso que, según Sacyr, podría tardar 18 meses. Esta licencia es fundamental para alcanzar el cierre financiero del proyecto, un punto que aún no se ha concretado. Aunque Rosado aseguró que el costo del nuevo estudio ambiental no es significativo, no se han proporcionado cifras sobre posibles sobrecostos relacionados con los retrasos. Este aplazamiento podría implicar desafíos financieros y logísticos para las partes involucradas, mientras se mantiene el compromiso de cumplir con los objetivos de restauración y desarrollo regional.