Los trabajadores de la Rama Judicial anuncian que desde el 16 de julio entrarán a desacato por la precaria justicia virtual y por la inseguridad presencial del sistema. Esto incluirá suspensión nuevamente de términos.
En el comunicado firmado por los presidentes de los sindicatos rechazan lo que para ellos se denomina el inequitativo impuesto solidario a cargo de servidores públicos y pensionados, por ser abiertamente inconstitucional. Asimismo, en el caso de jueces, magistrados y fiscales por pugnar con los principios superiores de intangibilidad del salario e independencia judicial. Nos opondremos tajantemente a todo intento por perpetuar dicho gravamen.
A la vez se asegura que “El levantamiento de la suspensión de términos fue apresurado e irresponsable. Pues conocían de la insuficiencia de los elementos de bioseguridad que se requieren para salvaguardar la integridad personal y la vida de trabajadores y litigantes, y sabían también de la precariedad de los medios tecnológicos que se necesitaban para prestar el servicio virtual, pues era previsible que por su incapacidad las plataformas colapsarían”.
Según los líderes sindicales la suspensión de términos judiciales se daría a partir del 16 de julio y hasta cuando se prorrogue el aislamiento preventivo obligatorio. A su vez, afirman que se deberá cumplir con la totalidad de los protocolos de bioseguridad en las sedes judiciales y deberán proporcionar los medios tecnológicos requeridos para prestar el servicio virtual.
“En consecuencia, exhortamos a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Fiscal General de la Nación, a la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que se reúnan urgentemente con los voceros de la Coordinadora Sindical del Poder Judicial a fin de concertar soluciones a esta problemática, y si es el caso con la participación de los abogados litigantes organizados”, indica el comunicado.
Debido a esta decisión los más afectados son los abogados litigantes. Desde ya anuncian acciones en contra de las actividades por parte de los sindicatos de los trabajadores de la justicia. Los juristas pedirán el derecho al trabajo y al mínimo vital.
El abogado Alexander Rodríguez, presidente en el Tolima de COLABOL, menciona, “Parece que en Colombia existe una nueva clase social, dotada, además, del privilegio de trabajar para el Estado con todos sus beneficios salariales y prestacionales. Dicha clase social tiene el poder de decidir por encima de la razón de ser de su objeto social, y del servicio que deben prestar, el cual es esencial para la administración de justicia en la nación colombiana. Tal vez, para esa nueva clase social que piensa en sí misma, el haber suspendiendo términos como lo hicieron por más de tres meses en la actual pandemia, negándole a la ciudadanía el acceso a la administración de la justicia y al gremio de la abogacía su derecho a laborar en condiciones dignas, para salvaguardar su salud y vida, era lo más lógico. Hecho notorio, pues, ninguna persona desea enfermar o morir, lo que no se entendía hasta hoy es que, es tanto su poder que ninguna autoridad puede decirles basta ya”.
