En medio del regreso a clases de los más de 150 mil niños en Cartagena, el alcalde, Dumek Turbay, recordó sus tiempos de colegio cuando asistía al Instituto Técnico Industrial Juan Federico Holman del Carmen de Bolívar, donde le tocaba llevar su propia silla para poder dar clases de manera digna.  El mandatario confesó cómo fue su etapa escolar hasta llegar a último grado en dicha institución la cual recordó estando sentado con los niños de la Institución Educativa Villa de Aranjuez y, además se refirió junto con el secretario de Educación, Alberto Martínez, a la entrega masiva de mobiliario escolar que se ha gestionado para poder brindar una educación con las mejores condiciones a los niños. «Mi colegio, donde yo estudié, era como el INEM de Cartagena, en el Carmen de Bolívar; a mi me tocaba llevarme todos los años la silla, a todos. Todos los estudiantes tenían que llegar con su silla, pero era un colegio de 3 mil alumnos. No había mobiliario. Cada día, cada alumno tenía que llevar sus sillas», señaló el ala alcalde mientras compartía con los estudiantes de dicha institución.  En ese sentido, Turbay señaló que mucho menos había un Plan de Alimentación Escolar (PAE), que solo podían merendar a la hora de descanso en la tienda de ese entonces, en el Carmen de Bolívar, del viejo «Rafa» (quien suministraba la venta de meriendas en ese lugar).

Las empresas de servicios públicos de Cartagena han declarado la guerra a las conexiones ilegales. Agua de Cartagena, Afinia y Surtigas, en alianza con la Policía y la Fiscalía, han puesto en marcha una campaña para frenar el fraude en el uso de agua, energía eléctrica y gas, delitos que pueden llevar a prisión a quienes los cometan. La iniciativa busca identificar, denunciar y judicializar a todas las personas que incurran en estas prácticas ilegales, las cuales están tipificadas en la ley y pueden acarrear sanciones penales severas, incluyendo cárcel. Según datos de las empresas prestadoras del servicio, en Cartagena existe un alto número de usuarios que se conectan de manera ilegal, afectando la calidad del servicio y generando pérdidas millonarias. Como parte de la estrategia las empresas han dispuesto canales de denuncia anónimos para que los ciudadanos informen sobre conexiones ilegales sin temor a represalias. Estas denuncias serán evaluadas por las autoridades y podrían derivar en procesos judiciales contra los responsables. Recordemos que el código penal colombiano contempla penas de prisión para quienes cometan fraude en los servicios públicos, considerando estas acciones como delitos contra el patrimonio económico.