Los residentes del barrio La Sierrita han expresado su profunda indignación por el reciente aumento desmesurado en sus tarifas eléctricas, tras la instalación de nuevos transformadores y el reemplazo de postes, cableados y medidores. Los recibos de electricidad han triplicado su valor habitual , con algunas facturas alcanzando hasta un millón de pesos, a pesar de que el consumo registrado abarca solo 17 días. Gladys Gómez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, explicó la situación: “Somos de un estrato bajo que vive del día a día, y no tenemos los ingresos para enfrentar recibos tan elevados. Nos han citado a tres reuniones y nos aseguraron que las tarifas no serían afectadas, pero las facturas que hemos recibido son completamente desproporcionadas”. Debido a la magnitud del aumento, los residentes no han permitido la finalización de la intervención del prestador de servicio hasta que se resuelvan las reclamaciones y se ajuste la tarifa a un nivel razonable. El barrio La Sierrita se une a otras áreas del distrito, como Olaya, sector Ricaurte y Policarpa, que también han solicitado atención urgente debido a problemas similares relacionados con el suministro eléctrico. Mientras tanto, la empresa de servicios públicos ha confirmado que continuará con su plan de inversiones.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Penal, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado (el motivo que inició la acción de tutela ya se ha resuelto o deja de existir) en la acción de tutela presentada por el exalcalde William Dau Chamat. La decisión, firmada el 30 de abril de 2025, responde a la solicitud del accionante por presuntas vulneraciones al debido proceso por parte de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo también determinó que no se configuró una afectación al derecho fundamental alegado, al constatar la inexistencia de una conducta que lo vulnerara. En consecuencia, la acción fue declarada improcedente, dado que los hechos que originaron la tutela fueron superados por el accionar institucional. Finalmente, el Tribunal ordenó que, en caso de no ser impugnada la decisión, las diligencias sean remitidas a la Corte Constitucional para su eventual revisión.