El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un informe en el que identifica 12 corredores estratégicos del crimen organizado en Colombia. Estos espacios no son simples rutas del narcotráfico, sino estructuras de poder territorial donde operan grupos armados ilegales que imponen normas, cobran “impuestos”, restringen la movilidad e incluso median en conflictos locales.
Los corredores se extienden de sur a norte y de oriente a occidente, con al menos cinco que conectan con países vecinos como Venezuela, Panamá, Brasil y Ecuador. Según Indepaz, cada uno responde a economías ilegales específicas: cocaína, oro, armas, madera, contrabando y migración irregular.
Corredores estratégicos identificados
- Putumayo – Cauca – Micay – Pacífico: narcotráfico y salidas marítimas hacia Centroamérica y México.
- Chocó – Eje Cafetero – Tolima: cocaína, oro y control fluvial del ELN y Clan del Golfo.
- Bajo Cauca – Nordeste antioqueño – Magdalena Medio: minería ilegal y cocaína bajo dominio del Clan del Golfo.
- Sierra Nevada – La Guajira – Magdalena – Cesar: exportación de droga y contrabando hacia el Caribe.
- Catatumbo – Norte de Santander – frontera con Venezuela: zona de mayor densidad cocalera del país.
- Orinoquía – Casanare – Meta – Vichada – frontera con Brasil/Venezuela: transporte aéreo y fluvial de droga.
- Urabá – Tapón del Darién – frontera con Panamá: narcotráfico y control de la migración irregular.
- Tolima – Huila – Caguán – Caquetá – Guaviare: conexión entre centro y Amazonía con fuerte presencia disidente.
- Huila – Norte del Cauca – Costa Pacífica: corredor hacia Buenaventura, principal puerto de exportación.
- Chocó – Medio Atrato – Litoral Pacífico: rutas de cocaína y minería ilegal controladas por ELN y Clan del Golfo.
- Arauca – Casanare – Vichada – frontera con Venezuela: contrabando, cocaína y guerra entre ELN y disidencias.
- Norte de Santander – Cesar – Bolívar – Antioquia: corredor de expansión nororiental del crimen organizado.
Impacto en las comunidades
Indepaz advierte que en estas regiones la violencia es una forma de gobierno, donde campesinos, afrodescendientes e indígenas sufren desplazamientos, confinamientos, extorsiones, violencia sexual y reclutamiento forzado.
El estudio concluye que Colombia necesita políticas integrales y presencia estatal efectiva para enfrentar estas economías ilegales que sostienen la violencia armada en el país.
