La restauración del Canal del #Dique, prevista para iniciar en diciembre de 2024, sufrirá un retraso de 18 meses debido a la necesidad de tramitar una licencia ambiental. Carlos #Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr, explicó que el Estudio de Impacto Ambiental, requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales #(ANLA), se extenderá por 14 meses más cuatro meses adicionales para su revisión y aprobación. Este proyecto, adjudicado en 2022, busca restaurar los ecosistemas degradados del canal, que abarca 115 kilómetros entre #Calamar y la Bahía de #Cartagena. Sacyr asegura estar comprometida con adelantar el proceso lo más rápido posible, mientras mantiene la navegabilidad y apoyo comunitario. El retraso no representará un costo significativo, según Rosado, ya que el contrato contempla este tipo de situaciones y los riesgos asociados serán asumidos por el Gobierno #Nacional. Pese al contratiempo, se espera que el proyecto impulse la seguridad hídrica, la economía turística y la generación de empleo en la región.

Cartagena se consolida como referente en educación pública en Colombia Cartagena ha dado un paso firme para convertirse en un referente nacional en educación pública. Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, la ciudad ha implementado prácticas innovadoras que están marcando un precedente en el país, impulsadas por la administración del alcalde Dumek Turbay y su visión de “educación de todos para toda la vida.” En el reciente encuentro de Secretarías de Educación en Santa Marta, Cartagena fue destacada junto a Barranquilla y Soledad por sus avances en áreas como aulas hospitalarias, primera infancia, programas de extraedad y la implementación de la primera Patrulla PAE en Colombia. El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez, resaltó el logro alcanzado en tan solo 10 meses de gestión, considerándolo tanto un motivo de orgullo como un reto para seguir trabajando por la educación de la ciudad. Entre sus iniciativas sobresale la Patrulla PAE, pionera en el país, que ha realizado 120 operativos en instituciones educativas para garantizar que más de 106 mil estudiantes reciban alimentos de manera segura y adecuada. Esta estrategia ha fortalecido la confianza de la comunidad educativa, que percibe mayor transparencia en el programa. Las aulas hospitalarias son otro avance importante, permitiendo la continuidad educativa a niños y jóvenes hospitalizados. Este modelo ya se está replicando en otras regiones, y Cartagena se ha convertido en la primera ciudad en formalizar aulas para la primera infancia en hospitales. Además, Cartagena ha ampliado su cobertura en primera infancia, con 45 educadores especializados que aseguran una educación de calidad para los más pequeños. Estas acciones consolidan el compromiso de la administración en hacer de la educación una prioridad y proyectan a Cartagena como un modelo para otras ciudades de Colombia.

El reconocido restaurante Café del Mar fue desalojado el pasado 2 de septiembre en el Baluarte de Santo Domingo por incumplir el contrato. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, restituyó parte del espacio público ocupado por el establecimiento. Esta sentencia exigió la liquidación del contrato de arrendamiento que la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) mantenía con el establecimiento, debido a que se consideró que vulneraba los derechos colectivos al uso del espacio público y al respeto por el patrimonio cultural. La misma que, determinó que los derechos al disfrute del espacio público estaban siendo violados y que el canon de arrendamiento pagado por Café del Mar estaba muy por debajo del valor real. Se estimaba que este debía ser alrededor de $150 millones mensuales, dada la ubicación privilegiada del baluarte.  A estas, Café del mar realizó un último intento, interpuso un recurso de reposición contra esta decisión, argumentando “una evidente falta de soporte jurídico y afirmaciones netamente subjetivas y carentes de sustento jurídico”, por lo que el Tribunal no tenía la competencia para ordenar el desalojo, ya que esta acción debía ser tomada por el Consejo de Estado, que la Alta Corte solo había dispuesto la liquidación del contrato. No obstante, el magistrado Villalobos respondió el 18 de octubre, afirmando que el desalojo era una consecuencia directa de la terminación del contrato de arrendamiento; y constituye además la finalidad de la orden judicial.