Durante la exposición de la segunda parte del Libro Blanco, que tiene como objetivo darle a conocer a la ciudadanía y a los organismos de control los presuntos hallazgos encontrados por este gobierno, la Secretaria General del Distrito, Diana Martínez Berrocal, presentó las irregularidades encontradas en ese despacho durante la vigencia fiscal 2019.
Martínez Berrocal indicó que durante su llegada al cargo se evidenció la inexistencia de expedientes de los procesos que ejecutó la Secretaría, lo que imposibilitó realizar un seguimiento real de la información entregada en el empalme.
«Habían procesos y trámites que no tenían un expediente con toda la información que lo conforma, como tampoco fueron relacionados en el informe de gestión que recibimos, y al cual se le hicieron las debidas observaciones, uno de ellos es el proceso de APP del Corredor Portuario de Cartagena», explicó.
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Dentro de las presuntas irregularidades encontradas, las más evidentes fueron las halladas en la oficina de servicios públicos, donde se encontró una triangulación y un conflicto de intereses de contratistas del área de servicios públicos. «Se tenían dos contratistas para asesorar el área servicios públicos en Secretaría General, y a su vez hacían parte de un grupo de abogados de una empresa que desarrollaba servicios profesionales y consultorías para las empresas de servicios públicos estando en un extremo y el otro», explicó la Secretaria General.
Así mismo, destacó los ahorros que se realizaron en los contratos de aseo y vigilancia durante esta vigencia.
«Se lograron ahorros significativos en los contratos de aseo y vigilancia que se hicieron a través de Colombia Compra Eficiente y la Bolsa Mercantil de Colombia, además se mejoraron las condiciones de los contratos, que con un menor valor, ofrecieron valores agregados como cámaras de seguridad, equipos tecnológicos y mayor húmero de operarios», dijo.
Durante su intervención, también se refirió al contrato interadministrativo con la Escuela Taller Cartagena de Indias, por un valor de $6.327 millones de pesos, cuyo objeto contractual no se cumplió porque se le dio una destinación diferente.
