El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha eliminado de su lista de sancionados al empresario venezolano Francisco D’Agostino, cuñado de Luis Alfonso de Borbón, tras una revisión que determinó que no existían pruebas suficientes para mantener las restricciones impuestas en 2021. La decisión, informada por Infobae, también implica el levantamiento de las sanciones contra sus empresas, Elemento Oil & Gas y D’Agostino and Company, que habían sido señaladas en su momento por supuestos vínculos con redes de comercialización de petróleo en beneficio del gobierno de Nicolás Maduro. Estas medidas derivaron en el bloqueo de bienes y la restricción de sus actividades dentro del sistema financiero estadounidense. Por otro lado, en España, D’Agostino ha estado en el centro de un litigio que involucró la emblemática finca Son Galcerán en Mallorca. En este caso, la justicia falló a su favor en una disputa con Manuel March Cencillo, nieto de Juan March Ordinas, fundador de Banca March. La sentencia determinó que March Cencillo debía reembolsarle 2,4 millones de euros, además de una indemnización de 300.000 euros por los perjuicios ocasionados durante la operación de compraventa de la propiedad. D’Agostino, quien reside en España desde 2019, ha desarrollado su carrera en el sector de las inversiones y negocios internacionales.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, expresó su preocupación por las quejas de los ciudadanos respecto a los resaltos instalados en La Boquilla para reducir la velocidad de los vehículos. En un comunicado a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Turbay calificó la medida como «antitécnica» y señaló que la implementación de estos reductores ha generado serios inconvenientes tanto para los conductores como para la comunidad. Según el alcalde, los resaltos, que obligan a los vehículos a reducir la velocidad a cero, han provocado congestión vehicular, riesgos de accidentes y, en algunos casos, denuncias de atracos. Además, destacó que el diseño de los resaltos, ubicados a corta distancia entre sí, está provocando vibraciones excesivas, lo que, según los conductores, estaría dañando los sistemas de dirección y suspensión de los vehículos. Turbay aclaró que la instalación de los reductores fue llevada a cabo por la concesión Ruta Costera en diciembre de 2024, con el objetivo de reducir la siniestralidad en la zona, y con la aprobación del Consejo Comunitario de La Boquilla. Sin embargo, el alcalde señaló que el municipio solicitará al concesionario, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT), un estudio de siniestralidad y un análisis técnico que justifique la colocación de este tipo de resaltos. El alcalde también propuso convocar una «mesa de urgencia» con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario de la vía, para coordinar y buscar una solución alternativa que beneficie tanto a los residentes de La Boquilla como a los conductores. Entre las posibles soluciones, Turbay sugirió la implementación de una cámara de fotodetección para regular el tráfico urbano a una velocidad de 30 kilómetros por hora.