Luís Alonso Colmenares Rodríguez

Por el derecho que me asiste como ciudadano, pero además como usuario y crítico de la administración de justicia, he sido testigo silencioso de un deterioro preocupante que amenaza la credibilidad de uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia: el sistema judicial que tiene a La Guajira convertida en una tierra sin Dios ni ley.

Por eso, hoy, me atrevo a levantar la voz para apoyar el llamado urgente y necesario que hacen los abogados litigantes del departamento, quienes desde el anonimato necesario y con valentía están denunciado lo que muchos sabemos y otros prefieren callar.

La reciente destitución del Juez Promiscuo de Hatonuevo, confirmada por la Comisión de Disciplina Judicial, no es un hecho aislado sino la punta del iceberg de una crisis sistémica. Casos similares, con jueces del circuito y municipales de Maicao, San Juan del Cesar y Riohacha, constituyen un triste repertorio de incompetencia, morosidad e incluso supuestos actos de corrupción. Esta mala práctica ha generado un clima de desazón social, desconfiando los ciudadanos cada vez más de la justicia que se supone debe protegerlos.

Y es que ya no es suficiente señalar la responsabilidad individual de cada juez que falla en su deber. Ha llegado el momento de exigir y asumir con firmeza la responsabilidad política de quienes tienen la autoridad para designar a estos funcionarios. Los magistrados, que proponen, y el Tribunal que nombra, tienen en sus manos la tarea irrenunciable de filtrar rigurosamente a los jueces que ocupan los despachos judiciales. 

No podemos seguir permitiendo que el nombramiento recaiga en profesionales sin experiencia ni formación adecuada, que ejercen provisionalmente y sin ningún control real. El concurso de méritos que debería garantizar la calidad lleva más de siete años estancado; mientras tanto, jueces “en provisionalidad” ejercen como ruedas sueltas, sin rendición de cuentas ni supervisión efectiva.

Las estadísticas oficiales de la Secretaría de Transparencia son claras y demoledoras: la morosidad en los procesos judiciales en La Guajira supera ampliamente los promedios nacionales, y la impunidad se combina con la lentitud para construir un escenario inaceptable para un Estado de Derecho. ¿Cómo se puede confiar en un sistema que no asegura ni el derecho básico de acceso a una justicia pronta y cumplida? La falta de capacidad judicial no solo afecta a los abogados y justiciables, sino que erosiona la paz social y alimenta la sensación de impunidad. Por eso los corruptos roban tranquilos y sin ningún temor: saben que no les pasará nada.

En este contexto, el control institucional debe reforzarse con urgencia. Los procesos disciplinarios son necesarios y deben agilizarse, pero no basta con sancionar a quienes cometen irregularidades: es fundamental mejorar el perfil ético y técnico de los jueces desde su elección. 

La administración de justicia es un servicio público esencial, cuyo buen funcionamiento depende de jueces con formación sólida, ética intachable, y sobre todo, con compromiso y competencia para responder a las exigencias sociales. 

Por esto, llegó la hora de dejar de excusarse en la autonomía judicial o en supuestos tecnicismos para evadir la responsabilidad política. La sociedad reclama explicaciones y soluciones. Que no se siga viendo al juez como un actor aislado y sin control. Que se asuma con seriedad que designar jueces mediocres es una decisión política que tiene consecuencias graves y duraderas.

La sal se puede desvirtuar, y si eso ocurre con la justicia, lo que se pierde no solo es la confianza superficial, sino la esencia misma del Estado de Derecho y la protección efectiva de los derechos fundamentales. 

Por eso respaldo sin dudas la solicitud de los abogados litigantes de La Guajira: que se aplique un filtro más riguroso, que se agilicen los concursos de méritos, que haya transparencia en las designaciones y que se dignifique la investidura judicial con jueces responsables y capaces. Solo así podremos restaurar la confianza, revitalizar el sistema judicial y garantizar las verdaderas garantías judiciales para todos.

No es un asunto menor ni tampoco uno más. Es un asunto de Estado, de justicia social y de futuro. Si dejamos que esta sal se desvirtúe, lo que queda es un sinsabor que toda la sociedad pagará.

Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…” @LColmenaresR