En ruinas: así se encuentra una edificación en La Boquilla en inmediaciones a Los Morros. Vecinos del sector han manifestado su preocupación por el estado de este predio que estuvo habitado por años pero desde hace un tiempo se encuentra en aparente abandono (ver fotos). Ante esto, consultamos el Control Urbano y esto nos manifestó que el día 4 de diciembre de 2024 realizaron una visita técnica al lugar con su equipo técnico. En la inspección ocular realizada lograron evidenciar el avanzado estado de deterioro del inmueble, identificando las siguientes patologías estructurales y no estructurales: Posterior a la visita aseguran que realizaron un informe técnico que fue remitido a la Alcaldía Local 2 con varias recomendaciones como: Fotos Control Urbano.

La jueza Sexta Administrativa del Circuito de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, dentro de la Acción popular, decreto medida cautelar en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, y evitar con ello la afectación de los cuerpos de agua, mangles y, en general, el ecosistema de la Laguna del Cabrero y zonas adyacentes, tal como se explica en la parte motiva de la sentencia. Además, la constructora, Smart Bau Eléctrica S.A.S y Araujo y Segovia deberán cumplir con la orden cautelar de manera inmediata. Dentro de la acción popular, la parte actora solicita al despacho que acceda al decreto de medida cautelar en el sentido que se ordene la suspensión provisional de cualquier acto de cerramiento, perforación o construcción del proyecto inmobiliario Vento Cabrero, con el fin de evitar el presunto daño ambiental, perdida del manglar y taponamiento de la Laguna del Cabrero. El argumento de la parte accionante, es que en el lugar donde se pretende la construcción del proyecto citado, resulta ser una zona de bajamar, de jurisdicción de la DIMAR, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona de manglar que bordea el cuerpo de agua Laguna de Cabrero, que es una reserva natural, razón por la que es objeto de protección constitucional y legal.  Ahora bien, el despacho en virtud del debido proceso surtió el traslado a las partes procesales Superintendencia de Notariado y Registro, Curaduría Urbana N° 2, Procuraduría General de la Nación, Distrito de Cartagena de Indias, Personería Distrital De Cartagena De Indias, DIMAR, EDURBE, Establecimiento Público Ambiental – EPA, para que ejerzan el derecho de defensa y contradicción. De lo anterior, estando vencido el traslado, la operadora judicial, se valió del principio de precaución, debiendo tomar las medidas eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente. Finalmente, advierte el despacho que todo lo expuesto en la demanda razonablemente fundada en derecho, como lo prescribe el literal del artículo 231 de la Ley 1437 de 2011.

Luego de que Eric Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunciara a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la presidencia de la República emitió un oficio para la Procuraduría, Fiscalía y UNP por este caso. En dichos documento, la Presidencia de la República solicita a los entes «evaluar el caso expuesto en el documento» y «tomar las acciones a las que haya lugar». Cabe recordar que, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. Por su parte, documentación señala que, según voces de Urueta, la UNP y sus funcionarios buscaban «engañar al JUEZ, tratando de decir que el señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la tutela. Se está a la espera que las entidades se manifiesten y correspondan a la medida establecida desde la Presidencia de la República denunciada por el abogado cartagenero.