El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, visitaron el corregimiento de El Salado en El Carmen de Bolívar para abordar las necesidades urgentes de la comunidad en el marco del evento “Diálogos Territoriales con la Supersalud 2024”. En esta reunión, se comprometieron a mejorar significativamente los servicios de salud, seguridad y otras áreas prioritarias para la población. El gobernador Arana destacó la importancia de los programas productivos en marcha, la recuperación de la cancha deportiva local y la pronta restauración del puesto de salud, una solicitud reiterada por los residentes. Asimismo, se anunció que se realizarán estudios y diseños para la construcción de una nueva estación de Policía, una necesidad largamente esperada por la comunidad. En el área de infraestructura, se acordaron acciones correctivas para el sistema de alcantarillado y se solicitó a la Superintendencia que la empresa de servicios públicos se comprometa a atender las necesidades de los habitantes de El Salado. Además, se asignarán recursos nacionales para la canalización de aguas lluvias, abordando una de las preocupaciones más urgentes de los residentes. El Superintendente Leal Angarita también escuchó las inquietudes de la comunidad sobre la demora en la entrega de medicamentos y los problemas de transporte hasta El Carmen de Bolívar. Se explorarán soluciones para mejorar la eficiencia del servicio y garantizar un acceso adecuado a los medicamentos a través de las EPS presentes en la región.  Estos compromisos buscan aliviar las dificultades que los habitantes de El Salado han enfrentado durante años y mejorar su calidad de vida mediante una colaboración efectiva entre las autoridades locales y nacionales.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reconocido al Canal del Dique, ubicado en el norte de Colombia, como víctima del conflicto armado. Este cuerpo de agua, que conecta Cartagena de Indias con el río Magdalena, fue utilizado durante años para arrojar los cuerpos de personas asesinadas, principalmente por grupos paramilitares. La acreditación responde a una solicitud de la Ruta del Cimarronaje, una plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones étnicas de la cuenca. La magistrada de la JEP, María del Pilar Valencia, destacó en un acto en Cartagena que este reconocimiento se debe a los informes presentados por las víctimas, en su mayoría afrodescendientes, que permitieron activar las competencias de la JEP. Valencia subrayó que, según el acuerdo de paz con las extintas FARC, se debe reconocer el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades étnicas y visibilizar las diversas violencias sufridas. Además, recordó que el Canal del Dique ha sido denominado por la Comisión de la Verdad como «el cementerio acuático más grande de Colombia». A pesar de la disminución de la violencia tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el Canal del Dique sigue siendo utilizado para deshacerse de cadáveres, perpetuando el terror en la región. Las comunidades locales han reportado amenazas e intimidaciones para que no continúen con sus denuncias, lo que ha llevado a que algunas víctimas soliciten y reciban medidas de protección por parte del Estado. Aura Camargo, coordinadora de la Ruta del Cimarronaje, enfatizó la importancia de reconocer al Canal del Dique como sujeto de derecho debido a las múltiples afectaciones derivadas del conflicto armado, incluyendo desapariciones forzadas, desplazamientos y homicidios, así como el control ejercido por grupos armados en el territorio. Camargo también instó al Estado a reconocer los daños en el desarrollo económico, cultural, político y ambiental de la región. Este reconocimiento por parte de la JEP representa un paso significativo en la reparación y visibilización de las comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente en territorios históricamente marginados como el Canal del Dique.

Formar a los estudiantes en conciencia ambiental, reciclaje y protección del medioambiente, para fortalecer el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES), es la meta de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta, que en alianza con la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre), logró capacitar a 440 estudiantes y recibir una donación de árboles que serán sembrados por la comunidad educativa. “Estamos recibiendo de Carsucre 500 árboles, de los cuales 300 son maderables y 200 frutales, que servirán de apoyo al proyecto ambiental escolar, porque serán sembrados en un terreno de 2500 metros cuadrados que tiene la institución. También hemos recibido unos talleres para generar conciencia ambiental en 440 estudiantes nuestros, quienes el día de hoy recibieron su certificación”, informó Alberto Iriarte Pupo, rector de la institución.   Agradecido con el acompañamiento de Julio Álvarez Montes, director de Carsucre, el rector expresó que la donación y la cualificación de los estudiantes constituye un gran respaldo a la huerta escolar y al proyecto de compostaje, a través del cual la institución busca el aprovechamiento de desechos generados por el PAE, para transformarlos en abono; de este modo se invierte en la promoción de una cultura ambiental que vincula a toda la comunidad educativa.