Alcaldes de Bolívar tienen en sus cuentas los dineros para asistencia alimentaria

Vicente Antonio Blel, Gobernador de Bolívar, priorizó en el Plan de Acción frente al COVID-19, conseguir que la asistencia alimentaria de más de 180 mil familias bolivarenses fuera realidad.

Los recursos para ejecutar esta acción en todo el territorio ya  fueron girados a los municipios.

De esta forma,  cada Alcalde, con el dinero en las arcas municipales ya girado, podrá asistir alimentariamente a su población vulnerable reportada en el régimen subsidiado,  a través de 3 modalidades: compra de mercados para cada familia, entrega de un bono redimible en alimento en almacén de cadena o entrega de bono redimible en dinero a través de sucursal bancaria y afines.

En total se transfirieron 7.200 millones de pesos, distribuidos en los 46 municipios, cuyos montos varían de acuerdo al censo establecido por el Gobierno Nacional y los entes de control para determinar el listado de beneficiarios.

En esta primera fase se atenderán 95.633 familias vulnerables y se espera llegar a las 180 mil proyectadas en el Plan de Acción, con las partidas y ayudas entregadas con recursos propios de las Alcaldías.

Como control y seguimiento a este proceso, el Gobernador de Bolívar insiste en la importancia de contar con la veeduría ciudadana para que la ayuda sea entregada de acuerdo a lo que dispone el procedimiento legal y no por ningún concepto o preferencia personal o política.

Para recibir denuncias, se habilitó el correo electrónico  denunciascovid19@bolivar.gov.co y se hará seguimiento a las entregas a medida que vayan haciendo efectivo el gasto de los recursos.

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Discurso de cierre Décimo Congreso Empresarial Colombiano – CEC de la ANDI

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Esta es probablemente una de las mayores conversaciones del país. La institucionalidad, representada por muchos de sus líderes durante estos dos días, los presidentes de las Cortes, el Registrador, el Procurador, los alcaldes, representantes del Congreso, es el pilar que garantiza nuestras libertades, que impulsa la economía, que protege el emprendimiento y que abre oportunidades para millones de colombianos. Cuando las instituciones se debilitan por omisión o por acciones equivocadas, se abren puertas al caos y a la impunidad. Hoy, Colombia enfrenta un desorden institucional y de seguridad resultado de la falta de liderazgo y de decisiones erráticas desde el Gobierno que amenazan el bienestar de toda la sociedad. Defender la democracia implica proteger sus fundamentos: el respeto por las reglas, la independencia de los poderes públicos y un marco legal legítimo, transparente y participativo. No se trata solamente de preservar un modelo político y económico en particular, sino de garantizar que las decisiones que nos afectan a todos se tomen con responsabilidad, con rigor, con transparencia, con respeto por el Estado de Derecho y, sobre todo, entre todos. En este escenario, el sector empresarial no ha sido, ni va a ser un observador pasivo. Hoy más que nunca estamos convencidos de nuestro papel en la sociedad y de nuestro papel en la construcción de un mejor futuro. El sector empresarial es, además, el motor del tejido social y económico que sostiene el empleo, que impulsa el desarrollo y que defiende las reglas que permiten la convivencia y el progreso. Tenemos que desterrar la incertidumbre y el miedo para recuperar la capacidad de generar inversión y emprendimiento. Esa es una de nuestras mayores responsabilidades. Para esto, la seguridad es necesaria. Para esto, debemos, como decía ahora, pedirle al Estado que nos la garantice. 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