A través de la Red de Veeduría Judicial de Cartagena, Vejuca, se conoció el caso de acoso laboral del que es víctima Mauricio Múnera Miranda.

La juez Zoa Ester Pérez Torres, y su secretaria, Nasly Guardo Martínez, del Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Garantías de Cartagena, son señaladas de acosar laboralmente a Mauricio Múnera Miranda. El empleado judicial solicita ser  interpuso ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena una acción de tutela; en ella solicita ser trasladado de manera inmediata a otro juzgado. Así como la protección al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas; el derecho fundamental a la salud mental, la vida digna y la integridad personal. Sin embargo, el tribunal negó la medida cautelar sin fundamentación algun.  Su argumento es que no se puede pronunciar porque hace parte del problema jurídico.

La primera acción que tomó Múnera fue acudir el 22 de febrero al Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial del Poder Público. Entidad que hasta la fecha no se ha manifestado.

Múnera, quien oficia como Oficial Mayor, expone en la tutela que ha sido sometido al maltrato y acoso desde hace cuatro meses: “los tratos humillantes y las expresiones injuriosas, se suman a constantes memorandos, llamados de atención, actas de reunión, constancias secretariales e informes, que tienen como finalidad ocasionar su salida del juzgado, ya sea con la renuncia o la declaración de insubsistencia con pruebas elaboradas”, se expresa en uno de los hechos documentados en la tutela.

La tutela

A causa de las afectaciones que Múnera dice padecer, este presentó una acción de tutela que fue admitida en el Juzgado Primero Penal del Circuito. Ahí fue trasladada al Tribunal Superior Distrito Judicial de Cartagena, puesto que, el Juzgado Primero Penal del Circuito, a quien correspondía inicialmente, argumentó que por falta de competencia no podía tratarla.

En dicha acción de tutela se pedía que las acusadas Zoa Ester Pérez Torres y Nasly Guardo Martínez cesaran las acciones de acoso laboral. Además que el Consejo Superior de la Judicatura, Seccional Bolívar, iniciara las gestiones para que Múnera pudiera ser trasladado a otro lugar de trabajo. Eso porque la situación estaba perjudicando su salud mental. Es preciso aclarar que la Sala Laboral negó la medida cautelar.

Intervención de VEJUCA

Erik Urueta Benavides, presidente de la Red de Veeduría Judicial de Cartagena (VEJUCA), presentó la denuncia del caso ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar. A raíz de que la denuncia por acoso laboral del señor Mauricio Múnera es coadyuvada por esta entidad.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, a través de Patricia Rocío Ceballos Rodríguez, Magistrada Presidente, respondió a la coadyuvancia que hizo VEJUCA; expresando que observa cierta “parcialidad” de la veeduría hacia la víctima.
En dicha respuesta, enfatiza que el señor Urueta usa la expresión “presuntas victimarias” como un término que resulta ser parcial y discriminatorio. Cita el artículo 13 de ley 850 de 2003 que dice: “la actividad de las veedurías deben guiarse por criterios objetivos que impriman certeza a sus conclusiones y recomendaciones y las alejen de toda posible actitud parcializada o discriminatoria”.

Sin soluciones

La cuestión en este asunto es que la Magistrada Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar deja de lado la razón de la denuncia, centrándose en un término que, como bien afirma Urueta, está bien aplicado: “guiándome por los criterios de las Leyes sobre ACOSO LABORAL, entenderemos que se habla de víctima de acoso laboral, entonces quien comete la conducta se llama victimario […]nos llama poderosamente la atención que usted en su calidad de MAGISTRADA se hubiere detenido a llamar la atención a esta veeduría por esa frase, pero dejara de lado lo atinente a recomendar al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL agilidad en el caso y emitir las medidas preventivas a favor de la presunta víctima de acoso laboral».

El caso sobre acoso laboral del señor Maurico Múnera, lleva casi un mes y ninguna entidad le ha dado una solución al respecto. Nadie ha emitido alguna medida preventiva a favor de la presunta víctima. Sin duda alguna, este tipo de acontecimientos son graves cuando suceden en una institución que representa a la justicia colombiana, como lo es la rama judicial. No obstante, actualmente es una práctica común la que acuden los jueces para pagar con dádivas las cuotas burocráticas de Magistrados.