El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena enfrenta un nuevo desafío jurídico después de que la Sociedad Colombiana de Urbanistas presentara una acción popular contra el Distrito, Cardique y el Establecimiento Público Ambiental (EPA). La demanda, conocida el 30 de octubre de 2026, cuestiona presuntas irregularidades en el proceso de revisión y ajuste del instrumento que establecerá las principales reglas de crecimiento urbano y rural de la ciudad. El caso fue repartido al Tribunal Administrativo de Bolívar, corporación que deberá estudiar su admisión y las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, entre ellas, una eventual suspensión provisional del procedimiento que adelanta la Secretaría de Planeación Distrital.
La controversia aparece en un momento determinante para la planificación de Cartagena. La ciudad busca actualizar un instrumento que permanece vigente desde 2001 y que, durante más de dos décadas, ha sido objeto de diferentes intentos de modificación. El nuevo documento pretende establecer una hoja de ruta para el desarrollo territorial hasta 2040, incorporando criterios relacionados con expansión urbana, protección ambiental, gestión del riesgo, ocupación del suelo y organización de las actividades económicas. Su actualización es considerada estratégica ante los desafíos de crecimiento poblacional, presión inmobiliaria, movilidad y conservación de los ecosistemas que rodean a la capital de Bolívar.
Entre los cuestionamientos planteados por la Sociedad Colombiana de Urbanistas se encuentran supuestas fallas en los mecanismos de participación ciudadana desarrollados durante las etapas de diagnóstico y formulación del POT. La organización sostiene que deben examinarse las condiciones bajo las cuales se realizaron los encuentros con diferentes sectores de la sociedad. Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden a los argumentos de los demandantes y no constituyen irregularidades declaradas judicialmente. La decisión sobre la admisión de la acción popular, así como sobre la procedencia de las medidas cautelares, está en manos del Tribunal Administrativo de Bolívar.
El proceso también había alcanzado recientemente una etapa importante: la concertación ambiental con Cardique y EPA Cartagena, en la que fueron revisadas 206 observaciones formuladas por las autoridades ambientales. Posteriormente, la propuesta fue presentada ante el Consejo Territorial de Planeación, instancia que debe emitir un concepto no vinculante antes de su eventual discusión en el Concejo Distrital. La demanda introduce un nuevo elemento de incertidumbre en ese recorrido y abre una discusión sobre la participación ciudadana, la legalidad del procedimiento y el futuro de la planificación urbana. El desenlace judicial será determinante para establecer si el cronograma de adopción puede continuar sin modificaciones.
