La música, el talento emergente y las grandes figuras del entretenimiento se darán
cita en la segunda edición de los Premios Nuestro Talento 2026, que se llevará a
cabo el próximo 28 de mayo en Mezcal, uno de los escenarios más
representativos de la ciudad de Bogotá.
Esta gala se consolida como un punto de encuentro clave para la industria musical
y cultural, reuniendo a artistas, creadores, medios de comunicación y
personalidades del espectáculo en una noche de alto nivel.
Los Premios Nuestro Talento nacen con el propósito de reconocer y visibilizar a
quienes, con esfuerzo, disciplina y pasión, vienen construyendo su camino en la
industria musical y del entretenimiento. En esta nueva edición, el evento contará
con más de 12 categorías oficiales, diseñadas para destacar el crecimiento
artístico, la innovación y el impacto de nuevas promesas que representan el
presente y el futuro de la música.
Una de las grandes emociones de la gala será el especial reconocimiento a la
trayectoria musical de Alfredo Gutiérrez, celebrando su aporte invaluable a la
cultura musical y su legado dentro del entretenimiento.
La noche reunirá a grandes estrellas, celebridades, personalidades del medio
artístico, periodistas e invitados especiales, quienes se suman a esta celebración
con el objetivo de respaldar y proyectar el talento emergente que, con
perseverancia, continúa abriéndose paso en un entorno cada vez más
competitivo.
Los Premios Nuestro Talento 2026 reafirman así su compromiso con el
fortalecimiento del arte, la cultura y la música, ofreciendo una plataforma donde el
reconocimiento se convierte en una verdadera oportunidad de proyección y
crecimiento profesional.
En los próximos días se darán a conocer los nominados, artistas invitados y las
sorpresas que harán de esta segunda edición una gala inolvidable, reafirmando su
importancia dentro del calendario cultural y artístico del país.
Alfredo Gutiérrez recibirá reconocimiento asu trayectoria musical
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Universidad de San Buenaventura avanza en su camino con la renovación de la Acreditación Institucional Multicampus
En un ambiente cargado de fraternidad y compromiso, la Universidad de San Buenaventura Cartagena vivió una jornada clave en su proceso de renovación de la Acreditación Institucional Multicampus. El evento contó con la presencia del Rector General, Fray Sergio Iván Rojas Díaz, O.F.M., y del Rector de la Seccional Cartagena, Fray Jesús Antonio Ruíz Ramírez, O.F.M., quienes destacaron la importancia de mantener viva la identidad institucional y seguir fortaleciendo el trabajo comunitario. Durante el encuentro, se reafirmó el espíritu de unidad entre las seccionales y la sede principal, bajo los valores franciscanos que caracterizan a la institución y con la firme convicción de alcanzar la excelencia académica y administrativa. Este paso refleja el compromiso de la Universidad con la mejora continua, y deja en evidencia que, en fraternidad, es posible transformar realidades y construir una educación de calidad para todos.
Así se veía Bocagrande antes de la construcción de sus edificaciones
En la década de 1950, Bocagrande comenzaba a perfilarse como un punto clave en el desarrollo turístico y urbano de Cartagena, en ese entonces, el Hotel Caribe se erigía como la única construcción destacada en el área, un símbolo de lujo y modernidad en una ciudad en pleno crecimiento. Inaugurado en 1945, este icónico hotel fue diseñado por el arquitecto estadounidense Joseph Glidden y rápidamente se convirtió en un referente de la hospitalidad en la región. Playas como las de González, que bordeaban esta zona, contaban con una malla instalada en el mar, un recurso diseñado para proteger a los bañistas de posibles ataques de tiburones, esta medida, innovadora para la época, muestra cómo las autoridades y empresarios buscaban garantizar la seguridad y comodidad de los visitantes, consolidando a Cartagena como un destino atractivo para el turismo. El desarrollo de Bocagrande, impulsado por iniciativas como la construcción del Hotel Caribe y otras obras significativas, marcó el inicio de una transformación urbana que la convertiría en una de las zonas más exclusivas y modernas de la ciudad.
Tome nota: estos serían los cierres viales en la Localidad 1 por primer preludio cultural de las Fiestas de Independencia
Este viernes 04 de octubre, la Alcaldía de Cartagena y la Localidad Histórica darán inicio a las Fiestas de Independencia con el primer Preludio Cultural, “La Fiesta que Nos Une”. El desfile comenzará a las 4:00 p.m. desde el parqueadero del barrio 7 de agosto y culminará en la Plaza del barrio Canapote. El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha establecido un plan de movilidad con cierres de vías a partir de la 1:00 p.m. a las 4:00 p.m. partirá el desfile por la carrera 13, en el parqueadero del barrio 7 de agosto, tomando la Avenida Juan Angola, desde la calle 75, hasta la calle 64, donde seguirá hacia la carrera 14; posteriormente, pasa a la calle 63 hacia terminar en la Plaza del barrio Canapote, donde se desarrollarán las actividades culturales. para garantizar la seguridad. Se prohíbe el parqueo en la calle 62 entre las carreras 14 y 17, así como en la carrera 15 entre las calles 65 y 61, que estarán habilitadas como rutas de evacuación de emergencia. El DATT recomienda a los conductores no manejar bajo los efectos del alcohol y optar por el transporte público. Con un enfoque en la cultura y la comunidad, este preludio promete ser una celebración vibrante y segura.
Cuando la verdad se parte en dos y cada orilla reclama su victoria
El próximo 28 de julio Colombia vivirá un momento sin precedentes: se conocerá el veredicto en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigos y fraude procesal. Independientemente de si resulta absuelto o condenado, será un acontecimiento histórico. Ningún exmandatario colombiano reciente había llegado a esta instancia; de hecho, la última vez que un tribunal decidió la suerte de un exgobernante fue en 1959 (el juicio al general Gustavo Rojas Pinilla). Desde entonces, ningún presidente colombiano ha sido condenado o encarcelado, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por eso, el fallo contra Uribe marca un hito para la justicia colombiana y una prueba de fuego para sus instituciones democráticas. El origen del proceso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Cepeda había acusado a Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo, pero en un giro inesperado la Corte Suprema no sólo archivó la causa contra Cepeda, sino que abrió investigación contra el propio Uribe por los mismos hechos. La acusación central: que emisarios de Uribe habrían intentado sobornar a exparamilitares encarcelados para que retractaran testimonios sobre los presuntos nexos de Uribe con grupos armados ilegales. En particular, el testigo Juan Guillermo Monsalve, exmiembro de las AUC e hijo del mayordomo de una hacienda de la familia Uribe, asegura que en esa finca (Guacharacas) se fundó en los 90 el Bloque Metro paramilitar. Según la fiscalía, el abogado de Uribe –Diego Cadena– habrían ofrecido pagos o beneficios a Monsalve para firmar una carta de retractación. De hecho, Cadena admitió haber entregado dinero a otro exparamilitar (Carlos Enrique Vélez), aunque lo calificó de “ayuda humanitaria” y niega que fuera un soborno. La defensa sostiene que Uribe nunca ordenó esos acercamientos y que fue “víctima de un entrampamiento” orquestado por Cepeda. Sin embargo, las pruebas recopiladas incluyen interceptaciones telefónicas y mensajes que muestran al abogado Cadena informando a Uribe de sus gestiones con los testigos. La propia Corte Suprema halló evidencias (chats, grabaciones) de conversaciones sobre pagos a cambio de favores testimoniales. Uribe lo niega rotundamente y ha insistido en que el proceso tiene motivaciones políticas. El caso avanzó lentamente durante años. En agosto de 2020, la Corte Suprema sorprendió al ordenar la detención domiciliaria de Uribe (por 67 días) mientras era indagado. Uribe renunció entonces a su escaño de senador, maniobra que trasladó el expediente a la justicia ordinaria y le permitió recuperar la libertad. Sus abogados solicitaron dos veces archivar el caso cuando la Fiscalía, bajo un fiscal allegado al gobierno anterior, opinó que no había mérito para acusar. No obstante, jueces de primera instancia y el Tribunal de Bogotá negaron esas pretensiones, y finalmente en 2024 una fiscal elevó acusación formal, dando inicio al juicio. El próximo lunes, tras más de 13 años de litigio, decenas de testimonios (37 de la acusación y 70 de la defensa) y múltiples dilaciones, la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, emitirá la decisión. Sea cual sea el sentido del fallo, el impacto será profundo y duradero. Un veredicto condenatorio convertiría a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Sería visto por muchos como un triunfo institucional frente a la impunidad histórica que ha rodeado casos de violaciones de derechos humanos y alianzas con paramilitares durante el conflicto armado de nuestro país. En cambio, una absolución significaría que no se alcanzó el umbral de prueba para condenar, pero difícilmente pondrá fin a la polarización: la izquierda denunciaría impunidad y renovaría llamados a reformar a fondo la justicia, mientras la derecha celebraría reivindicación y acusaría al proceso de haber sido una persecución infundada. En un país tan dividido, ambas orillas podrían usar el desenlace para atacar al poder judicial: ya sea acusándolo de politizado si es culpable, o de ineficaz si es inocente.
Empresa colombiana es reconocida internacionalmente por promover el desarrollo sostenible
Surtigas, líder en la distribución de gas natural en Colombia, ha sido distinguida con el sello Unidos por los ODS por sus prácticas sostenibles empresariales y su contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sus iniciativas están alineadas meticulosamente con los ODS, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y creando nuevas oportunidades de crecimiento. Destacan programas como “Manos Al Campo”, que promueve la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible. Además, a través de su programa de Equidad de Género y el proyecto de Medición de Gas Natural Prepagado, Surtigas impulsa la igualdad de género y el desarrollo urbano sostenible en Colombia. Este reconocimiento destaca su liderazgo en prácticas empresariales responsables que generan valor económico, social y ambiental.
“No utilizamos la vía y aún así nos ponen una carga económica» presidentes de la JAC se oponen a cobro de valorización
La reciente implementación del cobro de valorización por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de la Resolución 3856 de 2024, ha generado una fuerte controversia en las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Este cobro, que busca recaudar 2,39 billones de pesos para financiar el proyecto vial «Circunvalar de la Prosperidad», impactará a más de 66.000 predios en la región, incluyendo sectores de alto valor en Cartagena como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Uno de los principales líderes en manifestar su rechazo ha sido Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Bocagrande, quien destacó el impacto negativo que este cobro tendrá sobre los propietarios de inmuebles. “Desde la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, hemos estado atentos a este cobro de valorización, que inicialmente proyectaba una recaudación de $724.544 millones de pesos, pero que ahora se ha disparado a 2,39 billones. Esto no solo afectará económicamente a miles de propietarios, sino que también disminuye la capacidad de pago para futuras contribuciones locales de valorización, restringiendo el desarrollo de la ciudad y afectando el principio de descentralización”, afirmó Rico. Rico también señaló la incertidumbre sobre el destino de los recursos recaudados, comentando que “desde el Ministerio de Transporte se ha mencionado que el dinero no se invertirá directamente en Cartagena o en la zona de influencia definida por la resolución. Esto genera una gran preocupación en las comunidades afectadas, ya que no hay garantías jurídicas de que los recursos se utilicen en beneficio directo de quienes están obligados a contribuir”. Por su parte, Federico de la Rosa, presidente de la JAC de Manga, mostró una postura igualmente crítica frente al cobro. “El impacto de esta contribución será muy negativo para muchos propietarios de Manga, un barrio que no se beneficia directamente de la Vía del Mar. Además, este cobro llega en un momento en el que los residentes ya enfrentan una actualización catastral desbordada, con incrementos de hasta el 200% en el impuesto predial. Ahora nos imponen esta nueva contribución, lo que es inaceptable”, subrayó. De la Rosa también mencionó que las juntas de acción comunal de varios barrios de la ciudad, agrupados en la UCG1, apoyarán las demandas interpuestas por el Consejo Gremial de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena para frenar el cobro. Jesús Puello, presidente de la JAC de Castillogrande, fue aún más contundente en su rechazo al cobro de valorización, calificándolo de “caprichoso e ilegal”. Según Puello, el área de influencia definida para el cobro no tiene justificación técnica clara, ya que Castillogrande no se encuentra dentro de los 5 kilómetros desde el eje de la vía, lo que tradicionalmente se considera como zona de influencia para este tipo de contribuciones. “Nos quieren imponer un doble cobro. Cuando se construyó el tramo correspondiente a Bolívar en la vía Cartagena-Barranquilla, ya se realizó un cobro de valorización. Ahora pretenden hacerlo de nuevo, lo cual es arbitrario e injustificado”, señaló Puello. Además, Puello advirtió que el verdadero motivo del cobro parece estar relacionado con el valor de los inmuebles en barrios como Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. “Nos están imponiendo este cobro porque nuestros barrios tienen propiedades de alto valor catastral. Es evidente que buscan recaudar el mayor monto posible, sin tener en cuenta que muchos de estos propietarios no se benefician en lo más mínimo de la obra”, agregó. En este contexto, las JAC de varios barrios de Cartagena y Barranquilla, junto con los gremios empresariales de la región, han interpuesto demandas de nulidad ante el Consejo de Estado, buscando detener la aplicación de la Resolución 3856. El Consejo Gremial de Bolívar y el Intergremial del Atlántico han liderado estas acciones legales, argumentando que el cobro no solo es inconstitucional, sino que también representa una carga desproporcionada para los propietarios de predios en las zonas afectadas. Mientras tanto, las comunidades afectadas han anunciado protestas y plantones en rechazo a lo que consideran un cobro injusto y mal fundamentado. “No nos vamos a quedar callados. Seguiremos luchando contra esta medida a nivel jurídico, político y social hasta que se haga justicia”, concluyó De la Rosa.