El presidente Gustavo Petro interpuso una demanda contra el Estado colombiano, alegando persecución prolongada hacia él y su familia. Según lo revelado por la revista Semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha respaldado estas acusaciones, determinando que los actos de seguimiento y persecución se extendieron hasta el año 2020, incluso después de la disolución del DAS en 2011. Como resultado, el presidente y su familia podrían ser reparados económicamente.
La demanda interpuesta se basa en la respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre la vinculación del nombre de Petro en documentos obtenidos mediante allanamientos. La defensa de la familia Petro señaló que la persecución persistió a pesar de la disolución del DAS, respaldándose en informes periodísticos, inspecciones de la Procuraduría y dictámenes de la Corte Suprema de Justicia.
Esta polémica se centra en la responsabilidad del Estado en estas presuntas violaciones a los derechos de Petro y su familia, así como en la compensación económica por los daños causados.
El Estado, representado por Fiduprevisora, argumenta que Petro y su familia fueron informados de las circunstancias desde 2008, lo que podría anular la demanda por caducidad. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), en septiembre del 2021 también señaló que la información contable entregada al DAS estaba respaldada por la ley y no se utilizó para montar acusaciones contra Petro.
