¿Cómo transformará el Canal del Dique a la región Caribe?

Un ambicioso proyecto de restauración ambiental, marcado por una asociación público-privada, está en marcha para cambiar el destino de la región del Caribe colombiano afectada por el Canal del Dique. Inicialmente concebido en el siglo XVII para conectar el Caribe con el interior del país, el canal ha experimentado una historia tumultuosa que culminó en un desastre ambiental.

El proyecto, iniciado el 2 de junio, tiene como objetivo restaurar 435,000 hectáreas de espacio marino y continental, beneficiando a 1.5 millones de habitantes. El canal, que originalmente abrió en 1650, se deterioró con el tiempo debido a la falta de mantenimiento, afectando negativamente a los ecosistemas y comunidades locales.

La restauración, bajo el modelo de asociación público-privado, destaca por la participación activa de las comunidades locales en su planificación. Se espera la creación de aproximadamente 60,000 empleos directos e indirectos, priorizando servicios y mano de obra locales. Además, se implementarán procesos educativos, ambientales y de desarrollo de infraestructuras comunitarias.

El proyecto pretende cambiar el enfoque del canal, transformándolo en un motor de desarrollo sostenible para la región, promoviendo la economía local y abordando las necesidades de las comunidades afectadas. La fase de ejecución y puesta en servicio está programada para completarse en 2028.

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Las Acacias, Altos de la Constancia, Milán, Blue Garden y Altos del Poblado investigados por irregularidades en Turbaco

La Personería Municipal de Turbaco emitió un auto de apertura de investigación disciplinaria contra los exsecretarios de Planeación David William Padilla Castro, Eduin Enrique Morillo Valdemar, Luis Jerónimo Marrugo Espinosa y Jairo Segundo Nieto Cortecero, por presuntas irregularidades en la expedición de licencias urbanísticas durante sus períodos en el cargo.

 El proceso surge a raíz de presuntas omisiones de funciones, incumplimiento de deberes y extralimitación en la expedición de licencias urbanísticas en diferentes modalidades, sin cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto 1077 de 2015, modificado por el Decreto 1783 de 2021 y la Resolución 1025 de 2021.

 Investigación basada en denuncias y hallazgos preliminares

 La investigación disciplinaria se enfoca en las licencias otorgadas a proyectos inmobiliarios como Urbanización Las Acacias, Altos de la Constancia, Condominio Milán, Altos del Poblado y Blue Garden. Según el informe del actual secretario de Planeación, algunos de estos proyectos carecían de documentación esencial, como factibilidad de servicios públicos y permisos específicos.

Por ejemplo, en el caso de Altos de la Constancia, se otorgó una licencia de parcelación sin contar con la certificación de factibilidad de servicios públicos, un requisito indispensable. Similarmente, en el proyecto La Cumbre, solo se presentó un informe técnico para el servicio de agua potable, sin evidencia de prestación efectiva del servicio, entre otras irregularidades. 

Impacto y alcance de la investigación

Ivan Roca Álvarez, personero de Turbaco, destacó que esta investigación busca garantizar el cumplimiento de la normatividad urbanística y proteger los derechos de la comunidad, afectada por posibles anomalías en proyectos de vivienda. Según lo establecido en la Ley 1952 de 2019, este proceso disciplinario tiene fines preventivos y correctivos.
 De confirmarse las irregularidades, los exsecretarios podrían enfrentar sanciones que incluyen desde amonestaciones hasta destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos. 

La Personería anunció que continuará recopilando pruebas y realizando un análisis detallado de los expedientes para determinar la responsabilidad de los implicados.

 “Nuestro objetivo es garantizar la legalidad y la transparencia en la administración pública, especialmente en temas tan sensibles como el desarrollo urbanístico”, enfatizó el Personero de Turbaco.

Se espera que el proceso permita esclarecer las posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes. 

La Agencia del Ministerio Público alerta a la ciudadanía sobre el aumento de casos de irregularidades en proyectos inmobiliarios que no cumplen con las certificaciones y licencias urbanísticas exigidas por la ley. Ante esta situación, hace un llamado a los futuros propietarios y compradores para que se aseguren de que los proyectos cuenten con las debidas certificaciones y licencias, así como la factibilidad otorgada por las empresas de servicios públicos inmobiliarios.

 La entidad señala que, en algunos casos, las construcciones avanzan sin contar con los permisos requeridos, lo que pone en riesgo no solo la inversión de los compradores, sino también la seguridad y la sostenibilidad de las obras. Además, se han detectado proyectos que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, lo cual puede derivar en serios inconvenientes para las comunidades afectadas. 

 En este sentido, el Ministerio Público insta a las autoridades municipales y departamentales a fortalecer los controles sobre las actividades urbanísticas y sancionar con rigor a quienes incumplan la normatividad vigente. Asimismo, reitera la importancia de fomentar una cultura de legalidad y transparencia en el sector inmobiliario.

 Finalmente, invita a los ciudadanos a realizar consultas previas con las entidades correspondientes para verificar la legalidad y viabilidad de los proyectos antes de realizar cualquier transacción. Este esfuerzo conjunto es clave para garantizar un desarrollo urbano ordenado y sostenible que respete los derechos de los ciudadanos. Información suministrada a prensa.

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Cormagdalena entrega megaobra que protege a Margarita y fortalece la unión comunitaria

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Más de $230 millones en facturas impagas ponen en jaque a emblemáticos establecimientos de Mompox

Dos de los establecimientos más reconocidos de la Depresión Momposina se encuentran paralizados tras la suspensión del servicio de energía por millonarias deudas acumuladas. La medida, que afecta tanto a un espacio para eventos como a un tradicional hotel turístico, refleja la gravedad de la morosidad en el sector. En Magangué, la finca Montecarlo, propiedad del empresario y político de Cicuco, Carlos Andrés Marrugo Polo, quedó sin suministro eléctrico debido a más de 68 facturas pendientes, que superan los 68 millones de pesos. El lugar, antes alquilado para eventos sociales y empresariales, dejó de estar disponible tras la medida. De manera similar, en Mompox, el hotel y restaurante Robert, de Roberto Oliveros Quevedo, enfrenta la misma situación: 32 facturas sin pagar que suman 168 millones de pesos llevaron no solo a la suspensión del servicio, sino también al desmonte de su transformador particular, entregado al propietario. Hasta que no se regularicen estas obligaciones, ambos inmuebles permanecerán sin energía, afectando la actividad social, empresarial y turística de la región.

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Cemento País hace una gran donación a municipio de Bolívar para que avance en su desarrollo urbano

El alcalde de San Juan Nepomuceno, Guido Figueroa, recibió por parte de Cemento País una donación de material para el programa ‘Revolución del Cemento’, el cual permitirá el desarrollo de proyectos en beneficio de este municipio. “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al, gerente comercial de la gran cementera @cementopais, por su generosa donación. Gracias a su apoyo, podremos continuar con la construcción de diversas calles en nuestro municipio, mejorando así la infraestructura y la calidad de vida de nuestros vecinos,” afirmó Figueroa. Por su parte, Carlos Espinosa, gerente de Cemento País, aseguró que desde la empresa cementera se sienten complacidos de aportar al beneficio y desarrollo de este municipio bolivarense. La donación de Cemento País permitirá avanzar, facilitando la pavimentación y reparación de calles, lo que no solo mejorará la movilidad, sino que también contribuirá al desarrollo urbano y al bienestar de la comunidad.

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