Tras una auditoría de cumplimiento, la contraloría detectó graves irregularidades en el manejo de los recursos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
De acuerdo a el organismo de control, los pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias fueron entregados a terceras personas. Al parecer, se presentaron por debilidades en el registro y cruce de información o por falsificación de documentos.
En los hallazgos que fueron tasados por el ente fiscal, los pagos alcanzan una suma cercana a los $60 millones de pesos. Así mismo, la contraloría en cuanto al manejo de los proyectos productivos, indica que ha mostrado poca rentabilidad en la que habría pérdidas cerca de $2 mil millones de pesos.
Algunos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas, según la contraloría, no pertenecían a los victimarios y por eso han sido restituidos. Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques Cacique Nutibara y Tolima, de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y la Casa Castaño.
Asimismo, se halló que, de 1.027 inmuebles en poder del Fondo de Reparación para las víctimas, el 58% de ellas se encontraban sin administración.
La contraloría señaló que se hace necesario mejorar el sistema de información en la entidad, para reducir los riesgos de dar pagos atención humanitaria e indemnizaciones a víctimas falsas.
la Unidad para las Víctimas, a través de un comunicado afirmó que llevó ante la fiscalía y los tribunales las denuncias de las víctimas falsas que se estaban quedando con las indemnizaciones.
