El Canal del Dique ha sido identificado como un proyecto crucial para mitigar las inundaciones en los departamentos del Atlántico y Bolívar, y para reducir los sedimentos que afectan tanto la Bahía de Cartagena como el Parque Natural Islas del Rosario. Estos objetivos son fundamentales no solo para la conservación del medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, que se enfrentan a un riesgo creciente de desbordamientos. No obstante, la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de requerir una licencia ambiental ha generado preocupación. Este requerimiento implica costos adicionales para el Gobierno Nacional y podría retrasar el inicio de las obras, originalmente programadas para enero de 2025, hasta 2027. Dichos retrasos ponen en peligro la seguridad de las comunidades que dependen de la pronta ejecución de estas medidas para protegerse de las inundaciones. Intergremial Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar han colaborado para priorizar el proyecto del Canal del Dique como una necesidad clave. Por ello, instan con urgencia al Ministerio de Medio Ambiente y a la ANLA a acelerar los trámites correspondientes. La protección de las comunidades vulnerables de la región demanda atención inmediata, y la acción coordinada es crucial para garantizar su bienestar y seguridad.

Eric Urueta Benavides, asesor de Despacho del Alcalde, denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Oficina de Control Disciplinario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Augusto Rodríguez Ballesteros y a Daniel Agusto Jorge El Saieh Sánchez por presuntos delitos de prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Al parecer, en el marco de una acción de tutela presentada por Urueta, se habrían presuntamente presentado amenazas y atentados en contra de su humanidad, por lo que la UNP expuso una serie de aspectos para no colocar un esquema de protección, expuso los siguientes argumentos que hacen tránsito a la denuncia. 1- Decirle al JUEZ, que el señor URUETA se le resolvió sus estudios de seguridad, mediante una Resolución de fecha 15 de octubre de 2024, en donde le determinan RIESGO EXTRAORDINARIO otorgándole chaleco blindado y celular, cuando la decisión fue notificada en agosto de 2024 y sobre hechos denunciados en el 2023. 2) 2- NO cumplimiento de una MEDIDA PROVISIONAL DEL JUEZ 9 LABORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que le ordenaba efectuar los estudios, sobre las denuncias sobrevivientes y posteriores a la resolución EXTRAORDINARIA, es decir sobre las denuncias presentadas en los meses de abril, septiembre y octubre de 2024 por amenazas y atentados en su humanidad. Asimismo, el documento señala que, según voces de Urueta, la UNP y «sus funcionarios, era engañar al JUEZ, tratando de decir que el accionante señor URUETA buscaba vía de tutela, solicitar protección y controvertir una resolución que determinó su riesgo extraordinario, según  notificada con fecha 15 de octubre  de 2024 durante el desarrollo de la Tutela, cuando  la resolución fue de hechos del año 2023 y notificada en agosto de 2024, es decir 2 meses antes de presentar la tutela». Por su parte, ante más acusaciones realizadas, el demandante hizo referencia a todos los sistemas de seguridad con los que cuentan, por ejemplo, los senadores y representantes a la Cámara. «Ganan $48′142.046 mensuales, y les colocan carros blindados, y cuando uno de estos carros está con un daño mínimo se lo cambian inmediatamente, igualmente reciben 2.000.000 para auxilio de gasolina, les colocan 2 y 3 hombres de protección  y además más de 9.000.000 par gastos para los  hombres de protección, pero los líderes sociales andan en carros convencionales, motos y con un solo escolta, o solo se le asignan chalecos o celulares, esa es la inequidad en Colombia.