Durante el periodo colonial, la ciudad de Cartagena fue uno de los principales puertos de entrada de esclavos en el Nuevo Mundo. Los permisos para la introducción de esclavos se tramitaban a través de solicitudes formales dirigidas al gobernador de la ciudad. Un ejemplo de esto es el caso de Don Juan de Arechederreta, quien solicitó en 1700 la entrada de mil piezas de esclavos provenientes de Portobelo, Panamá, y destinados en última instancia al virreinato del Perú, dicha solicitud especificaba los detalles de transporte y manutención, incluyendo provisiones como dos barriles de harina por cada esclavo. Sin embargo, este tipo de permisos no solo incluían grandes cantidades de esclavos para el comercio, sino también peticiones personales. Un documento revela cómo Doña María Esteban de Rada y Salazar solicitó al comandante de las fortalezas de Bocachica el permiso para introducir tres esclavos de origen curazoleño. Así, los esclavos, llamados Clemente, Catalina y Gregoria, estaban destinados a sus servicios personales en la ciudad de Cartagena. Estos procedimientos oficiales reflejan la burocracia y formalidad que rodeaba el comercio de esclavos en la época colonial, donde cada «pieza» era tratada como una mercancía más, con documentos que detallaban su destino y utilización. Asimismo estas «piezas» no solo implicaban personas, sino también los recursos necesarios para su mantenimiento durante la travesía, como si se tratase de cualquier otro cargamento.