El Real Cartagena cuenta con una plantilla destacada, donde Michael Covea se posiciona como el jugador más valioso. El mediocentro ofensivo, quien es fundamental en el esquema del equipo, está valorado en 275 mil euros gracias a su capacidad para generar juego y asistir a los delanteros. Wilfrido De la Rosa, extremo derecho de 31 años, sigue a Covea en esta lista de élite con una cotización de 250 mil euros y que,  habilidades ofensivas y experiencia en la cancha lo convierten en un pilar importante del ataque cartagenero. Yosimarc Torres, pivote de 25 años, también está valorado en 250 mil euros, mismo que con su rol en el mediocampo es esencial para mantener el equilibrio y el control del juego, lo que lo hace indispensable para el equipo. Ignacio Artola, defensa central de 26 años con nacionalidades argentina e italiana, se encuentra igualmente en 250 mil euros, donde su presencia defensiva y su capacidad para anticiparse a los rivales aportan seguridad al Real Cartagena. Finalmente, Aldo Montes, el joven portero colombiano de 24 años, completa el grupo de jugadores con un valor de 250 mil euros, donde sus reflejos y atajadas han demostrado ser cruciales en los momentos más exigentes para el equipo. Con esto, el club deportivo demuestra tener jugadores valiosos en todas sus líneas: desde una sólida defensa, un mediocampo equilibrado, hasta una ofensiva potente.

Después de más de seis años de litigio, la Fiscalía Seccional 17 de Cartagena ordenó la restitución del terreno conocido como El Cayao a los nativos de la isla de Barú, luego de comprobarse irregularidades en el proceso de compraventa que permitió su transferencia. La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2018 ante la Fiscalía Seccional de Cartagena, señalando a Carlos Schrader Fajardo e Ignacio Morales como responsables de fraude procesal, falsedad material e ideológica en documento privado, uso de documento público falso, entre otros delitos. Según la investigación, los acusados obtuvieron la transferencia del dominio del terreno mediante un documento de compraventa sin los requisitos legales y un acta de audiencia de ratificación de firma suscrita con firmas falsas ante un juez civil. El predio en cuestión es donde actualmente opera la Sociedad Portuaria El Cayao, una gasificadora clave para la producción de gas en Colombia. En un intento por cerrar el caso, fiscales de la época buscaron su prescripción, pero tras un recurso de apelación, el expediente fue devuelto a la Fiscalía 17 para continuar con el proceso de restablecimiento del derecho. Fue en 2024 cuando se practicaron pruebas grafotécnicas y documentológicas a la promesa de compraventa y al acta de audiencia, determinando que no existía correspondencia entre las firmas registradas. En el mismo año, la Fiscalía vinculó a la Sociedad Portuaria El Cayao y a la Fiduciaria Itaú, esta última como titular de los derechos de dominio, pero ninguna pudo hacerse parte en el proceso debido a que presentaron poderes sin los requisitos legales. Finalmente, el 28 y 29 de octubre de 2024, la Fiscalía emitió una providencia ejecutoriada ordenando la entrega del terreno a los nativos de Barú, reconociéndolos como sus legítimos propietarios. Con esta decisión, se pone fin a un largo proceso judicial y se reivindican los derechos de la comunidad sobre su territorio.