La Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha implementado una reestructuración en las rutas de transporte público colectivo que cubren las rutas Arroyo de Piedra- Cartagena -Arroyo de Piedra y Arroyo Grande – Cartagena – Arroyo Grande operadas por la empresa Renaciente. El nuevo recorrido tiene un trayecto Arroyo Grande y toma por la Vía al Mar hacia Avenida Santander, pasando por Arroyo de Las Canoas y Arroyo de Piedra, llega a Cartagena, y por la Avenida Pedro de Heredia y Transversal 54 conecta con La Cordialidad con destino a Bayunca, Pontezuela para finalizar en Arroyo Grande. La ruta anterior tomaba desde Arroyo Grande por Pontezuela, Bayunca hacia la Cordialidad para llegar a Cartagena y viceversa. Esta modificación reducirá el tiempo de desplazamiento a aproximadamente 1 hora y 20 minutos, una mejora significativa respecto a la ruta anterior. Para implementar estos cambios, el DATT, en colaboración con Renaciente, realizó un estudio técnico que también reveló la necesidad de agregar 9 vehículos a la flota de buses para asegurar la calidad del servicio.

Cartagena refuerza su lucha contra los fraudes en los servicios públicos con la firma de una alianza estratégica entre Afinia, Aguas de Cartagena (Acuacar) y Surtigas, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este acuerdo busca combatir delitos como el robo de agua, energía y gas, prácticas ilegales que no solo generan millonarias pérdidas anuales, sino que también afectan la calidad y estabilidad del servicio para todos los usuarios. Las empresas revelaron cifras preocupantes: en 2024, más del 22% del agua potable producida en la ciudad no se pudo facturar debido a conexiones ilegales, lo que representó pérdidas de aproximadamente $60.000 millones de pesos. En el sector energético, los hurtos y fraudes sumaron pérdidas de $414 mil millones, con Bolívar como el departamento más afectado. En cuanto al gas, las manipulaciones indebidas ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Ante esta situación, la alianza no solo fortalecerá los mecanismos de prevención y judicialización, sino que también sensibilizará a la comunidad sobre la importancia de la legalidad en el acceso a los servicios públicos. El Código Penal Colombiano (Artículo 256) establece sanciones de hasta 72 meses de prisión y multas de 150 salarios mínimos para quienes incurran en la defraudación de fluidos. Las autoridades reiteran que el uso legal de estos recursos es clave para garantizar un sistema de servicios públicos seguro, eficiente y sostenible.

El pasado lunes 9 de septiembre se realizó en Bogotá la posesión del Consejo Nacional de Juventudes para el periodo 2024 – 2025, un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y en el que se designó a Sebastián Hernández Arroyo como representante por parte de #Cartagena. Hernández es abogado de profesión, graduado de la Universidad de Cartagena. Además, es delegado por el Consejo de la Localidad Industrial y de la Bahía y por el Consejo Distrital de Juventudes de Cartagena. Con este nuevo cargo, el egresado de la UdeC deberá propender por ser un interlocutor entre el Gobierno Nacional, en búsqueda de mejores oportunidades para las jovenes del país. Luego del acto solemne, los delegados realizaron su primera sesión ordinaria y tuvieron una sesión conjunta con la Cámara de Representantes, donde hicieron aportes para los proyectos de ley que avanzan en esa instancia y que involucran a las juventudes.

En Cartagena, solo se han confirmado dos casos de viruela símica o del mono, según informó el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Alex Tejada. Ambos casos corresponden a personas naturales de la ciudad, una de las cuales ya ha superado el virus y la otra está a punto de hacerlo. Ambas se encuentran aisladas. Tejada aseguró que no hay motivo para entrar en «pánico colectivo» ya que no se trata de una pandemia ni epidemia, sino de casos aislados. Además, destacó que el Dadis y la salud de Bolívar están vigilantes en los puertos y aeropuertos para detectar cualquier caso sospechoso y realizar las pruebas necesarias. A nivel nacional, se han confirmado 4.257 casos de viruela símica hasta el 14 de agosto, según el Instituto Nacional de Salud (INS). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la emergencia de salud pública ante la expansión del virus mpox.