La Corte Constitucional anuló este jueves una sentencia que obligaba a la Universidad de Cartagena a devolver más de $50.000 millones a Ecopetrol, correspondientes a una estampilla que fue recaudada en el año 2006. El fallo, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, pone fin a un proceso judicial que había mantenido en vilo la estabilidad financiera de la institución educativa. El litigio se originó cuando Ecopetrol solicitó el reembolso de esos recursos, alegando irregularidades en el cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte determinó que el caso presentaba aspectos constitucionales relevantes, entre ellos la protección del debido proceso, la defensa, la seguridad jurídica y la confianza legítima, principios fundamentales que se vieron comprometidos en el desarrollo de la disputa. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, celebró el fallo judicial, destacando la importancia de la decisión para los estudiantes de la región. “Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó. Por su parte, el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, calificó la resolución como “la mejor noticia” para el claustro universitario. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”, agregó. La sentencia de la Corte Constitucional subraya que el proceso estuvo marcado por una indebida valoración probatoria y por la posible existencia de decisiones ejecutoriadas que ya habían determinado el destino de los recursos. De esta manera, la universidad no tendrá que hacer el pago solicitado por Ecopetrol, lo que garantiza la continuidad de sus proyectos académicos y sociales sin el peso de la millonaria deuda.

Desde el periódico El Bolivarense nos unimos con El Universal para incentivar la campaña «¡Cartagena sí!», una iniciativa que busca unir a la ciudad y mostrar su potencial como centro de desarrollo para América Latina. Esta campaña tiene como objetivo comunicar el orgullo y sentido de pertenencia hacia la ciudad, así como compartir su magia y sabor con Colombia y el mundo. También busca mostrar que Cartagena es un gran centro de desarrollo para América Latina, con puertas abiertas para turistas y financieros que quieran descubrir su potencial industrial, de inversión y turístico. «¡Cartagena sí!» busca unir a la ciudad y encender en cada cartagenero el fuego del sentido de pertenencia, mostrándoles que Cartagena es cuidar su entorno y valorar su historia. También busca fomentar la cultura, impulsar la educación, apoyar el talento local y promover la inclusión social. Para lograrlo, se utilizarán todas las plataformas de El Universal y El Bolivarense, para difundir información alrededor de la campaña. La meta es inspirar a los turistas a visitar la ciudad y a los inversionistas a invertir en ella, y que juntos podamos decir: «Cartagena es nuestra, Cartagena es de Colombia y juntos la podemos disfrutar con libertad». Con la campaña «¡Cartagena sí!», nos unimos para forjar conexiones que nos unen más allá de las fronteras físicas y culturales, viviendo y mostrando que Cartagena es solo una y que vale la pena vivirla y disfrutarla.

Luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) emitiera una resolución por medio de la cual activará el cobro de valorización de la vía Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad; la asociación gremial, Camacol Bolívar, ratifico la postura de la Alcaldía Mayor de demandar al ente nacional frente al Consejo de Estado. En esta línea, la asociación gremial se posicionó a favor de la acción legal realizada por el Distrito de Cartagena al considerar que el cobro de esta vía se está realizando de forma retroactiva y no cuenta con los criterios técnicos para justificar los beneficios del proyecto. “Para que todos entiendan, nos pretenden cobrar una valorización a todos los cartageneros, por una obra que se ha pagado con peajes, lleva más de 10 años en construcción sin que a la fecha esté terminada y los recursos que se pretenden cobrar no serán utilizados para terminar la obra”, aseguró Irvin Pérez, presiente de Camacol. Desde la regional de Bolívar de la Cámara Colombiana de Construcción se está trabajando con el Consejo Gremial de Bolívar para estimar los efectos que tendría este cobro, por lo que instó al sector público y privado a rechazar la medida sobre la vía.