Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones. Ciudadanos han manifestado su preocupación ante la presunta construcción irregular de un hotel en el histórico edificio Banco Popular. Según los denunciantes, diversas oficinas del edificio están siendo demolidas de forma repentina para construir habitaciones, lo cual, aseguran, se estaría llevando a cabo sin contar con los permisos de construcción requeridos por la normativa vigente. Los denunciantes argumentan que, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los usos del suelo estipulados, el edificio está destinado exclusivamente a actividades comerciales, y no residenciales. Por ello, consideran incomprensible que un espacio tradicionalmente utilizado como oficinas sea transformado en un hotel. Además, han señalado la existencia de un posible plan para adquirir la totalidad de las oficinas restantes, lo que permitiría la transformación total del edificio en un establecimiento hotelero. Según estas denuncias, de concretarse la mayoría de compras, la administración del edificio también pasaría a manos de los nuevos propietarios del hotel, lo que podría afectar a los pocos propietarios que aún mantienen sus oficinas en el lugar. A esto se suma la preocupación por el reciente aumento del flujo de turistas en un edificio que, históricamente, ha sido destinado exclusivamente a actividades comerciales. Los ciudadanos han hecho un llamado urgente a las autoridades locales para que investiguen estas acciones, verifiquen el cumplimiento de las normas urbanísticas y corroboren si los responsables cuentan con los permisos requeridos para realizar estas modificaciones.

Tres exfuncionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena han allanado su responsabilidad en el caso de peculado por apropiación. Los implicados son Jorge Carrillo Padrón, ex jefe de la oficina jurídica de la alcaldía, y los abogados contratistas Jorge Blell Cervantes y Ana Alicia Martelo del Río. La investigación les atribuye la pérdida de 24 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados a manos privadas. Los exfuncionarios, quienes ingresaron a la administración distrital en 2018 durante el breve mandato de Antonio Quinto Guerra, permanecieron en sus cargos bajo la administración de Yolanda Wong y fueron mantenidos por Pedrito Pereira como cuotas inamovibles de una casa política de la ciudad. Según la Fiscalía, Blell y Martelo habrían utilizado títulos de depósito judicial, emitidos por el Banco Agrario, para desviar los recursos del distrito, actuando bajo la falsa premisa de representar legalmente al gobierno local. El dinero desviado nunca se registró en el fondo destinado a títulos judiciales de la Fiduprevisora, como era requerido. La Fiscalía ha solicitado que se imponga una medida de aseguramiento intramural para Carrillo y Martelo, quienes se encuentran en el proceso de audiencia. Los delitos en cuestión ocurrieron entre 2018 y 2019, y se sospecha que los acusados aprovecharon sus posiciones para desviar sumas millonarias destinadas al bienestar público.